Desde la Casa Rosada dieron la orden de despedir funcionarios de la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa del Estado. Hablan de una reestructuración del organismo y disolución de unidades internas
El Gobierno argentino tomó medidas drásticas tras detectar presuntas filtraciones de información sobre la causa por la expropiación de YPF, que enfrenta al Estado argentino contra la firma Burford Capital. Ante estas sospechas, se ordenó el despido de varios funcionarios de la Procuración del Tesoro, que se encarga de la defensa jurídica del Estado. Además, se prevé una reestructuración interna del organismo, que gestionará cambios dentro de sus áreas clave.
Fuentes oficiales confirmaron que, tras varias semanas de inquietud, se llegó a la conclusión de que “hubo venta de información” relacionada con el litigio de alta relevancia económica. “La Procuración nunca tuvo este tipo de filtraciones. Es una situación inédita”, señaló una fuente del Gobierno, destacando que este tipo de situaciones podrían comprometer la estrategia de defensa nacional en litigios tan importantes.
El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, llevaó a cabo esta reestructuración, que incluye la disolución de varias áreas internas del organismo. Fuentes cercanas al funcionario indicaron que “se está haciendo una purga, ya que estamos hablando de un organismo que maneja causas millonarias”. Se espera que, en los próximos días, se emita un comunicado con los detalles de las modificaciones en la Procuración.
Este episodio se suma a la creciente tensión por la causa de YPF, que aún está en proceso en Estados Unidos. La disputa legal comenzó en 2012 y se centra en el pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera nacionalizada. En 2023, la jueza Loretta Preska ordenó que el Estado argentino pague una cifra millonaria por la expropiación, lo que generó una fuerte respuesta del Gobierno.
Para contrarrestar la presión, la Argentina buscó apoyo internacional. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos intervino como amicus curiae, apoyando el reclamo del Gobierno argentino y argumentando que el pedido de Burford violaría las leyes de inmunidad soberana. A su vez, otros países, como Uruguay, Paraguay, Italia y Francia, podrían unirse a la estrategia argentina para presionar a la Corte de Apelaciones de Nueva York y evitar la ejecución del fallo.
La Procuración del Tesoro confirmó que despidió a más de 60 funcionarios y que reducirá áreas técnicas
La Procuración del Tesoro Nacional (PTN), el organismo que nuclea a los abogados del Estado, anunció el despido de más de 60 funcionarios y la reducción de áreas técnicas tras las filtraciones y las sospechas de venta de información de empleados del Estado en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
Sin embargo, el organismo no hizo ninguna referencia a esos hechos en el comunicado en el que anunció los cambios. Sí, habló de que se eliminaron “lujos jerárquicos”.
“La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”, destacó el organismo que preside Santiago Castro Videla.
La PTN, la encargada de gestionar la causa por YPF y otras en estrados internacionales, destacó que realiza un “recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas” que pretende “fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.
La Procuración que detalla que ya redujo su personal en más de un 20% desde la llegada de esta gestión en febrero del 2025 –el titular anterior durante este Gobierno fue Rodolfo Barra– pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. “Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”, se explicó.
“Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”, agregó la PTN.
Sobre cómo seguirá funcionando de manera operativa el cuerpo de abogados del Estado, se explicó que se mantendrán mediante la reasignación interna de funciones que anteriormente eran tercerizadas. E hicieron referencia a que eso “refleja una gestión más austera y autosuficiente, abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos”.
