El operativo policial en Río de Janeiro dejó 64 muertos y desató un fuerte conflicto entre el gobierno federal y las autoridades estaduales.
Brasil atraviesa una nueva crisis política y de seguridad luego de la operación “Contenção” (Contención), ejecutada el martes 29 de octubre en los complejos de Alemão y Penha, en Río de Janeiro. El operativo, destinado a desarticular al Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas del país, dejó al menos 64 personas muertas y 81 detenidas, lo que la convirtió en la acción policial más letal registrada en la historia de la ciudad.
Frente a la magnitud de la tragedia, los ministros Rui Costa (Casa Civil) y Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública) convocaron una reunión de emergencia con el gobernador de Río, Cláudio Castro, para este miércoles 30 de octubre. Según informó la Agencia Brasil, el encuentro buscará analizar las consecuencias políticas, judiciales y sociales del operativo, que desató un fuerte cruce entre el gobierno federal y las autoridades estaduales.
Las medidas de Castro, el alcalde de Río De Janeiro
El gobernador Castro solicitó el traslado de diez detenidos a prisiones federales, al considerar que desde allí organizaron ataques que incluyeron bloqueos de carreteras y secuestros de autobuses. Sin embargo, el Ejecutivo nacional aclaró en un comunicado que “no hubo cualquier consulta o pedido de apoyo, por parte del gobierno estadual de Río de Janeiro, para la realización de la operación”. Lewandowski reiteró que su ministerio “no recibió ningún pedido formal” y recordó que “la seguridad es responsabilidad de los gobernadores”.
En una conferencia de prensa, Castro defendió el operativo y denunció la falta de respaldo del gobierno de Lula da Silva: “Río estuvo completamente solo en esta guerra”, afirmó. Además, reclamó una mayor integración con las fuerzas federales. En respuesta, Lewandowski lamentó la violencia del procedimiento y enfatizó que el combate al crimen debe realizarse “con planificación e inteligencia”. También recordó que el gobierno federal impulsa una reforma para coordinar fuerzas de seguridad en todos los niveles, actualmente en debate en el Congreso.
Los detalles del megaoperativo
El operativo movilizó a 2.500 agentes desde la madrugada, con el objetivo de ejecutar 100 órdenes de arresto y frenar la expansión territorial del Comando Vermelho. Según la Fiscalía, el complejo de Penha se transformó en una base clave para el tráfico de drogas y armas por su ubicación estratégica cerca de autopistas. Durante los enfrentamientos, los supuestos criminales levantaron barricadas incendiarias y utilizaron drones con explosivos, mientras las fuerzas policiales decomisaron 93 fusiles y “una cantidad enorme de drogas”.
El impacto de la operación paralizó gran parte de la zona norte de Río, donde unas 200.000 personas quedaron afectadas por el cierre de escuelas, desvíos en líneas de transporte y suspensión de servicios públicos. Incluso las universidades Federal y Estadual suspendieron sus clases, y muchos residentes no lograron regresar a sus hogares.
La masacre ocurre en vísperas de dos eventos internacionales: la visita del príncipe Guillermo del Reino Unido, quien participará en Río de la entrega del premio Earthshot, y el foro de Líderes Locales previo a la cumbre climática COP30 en Belém. La crisis, marcada por el choque entre los gobiernos federal y estadual, abre un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad pública en Brasil.
