El Congreso peruano eligió a José María Balcázar como titular del Legislativo y, por sucesión constitucional, quedó como presidente interino del país. La designación generó apoyos políticos y cuestionamientos sociales y profesionales.
El Congreso de la República de Perú eligió a José María Balcázar como presidente del Parlamento tras imponerse a María del Carmen Alva en segunda vuelta. La votación consolidó acuerdos entre bancadas y cerró el vacío institucional tras la censura de José Jerí. Por sucesión constitucional, Balcázar quedó como presidente interino del país hasta las elecciones generales en abril de 2026. El resultado se dio con respaldo de sectores políticos que destacaron su trayectoria y experiencia parlamentaria.
La designación generó reacciones divididas en Perú. Dirigentes legislativos defendieron su perfil técnico y su paso por el Poder Judicial. Sin embargo, organizaciones civiles y gremios profesionales expresaron preocupación por su idoneidad ética en un contexto de crisis institucional. Balcázar integra la bancada Perú Libre desde 2021. Antes trabajó como magistrado y fue vocal supremo provisional de la Corte Suprema, aunque no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que consideró que no cumplía estándares para seguir en la judicatura.
El legislador mantuvo una postura de respaldo político al gobierno de Pedro Castillo. Durante investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo, sostuvo que no existían pruebas concluyentes sin evidencia audiovisual. En diciembre de 2022, durante la votación por la vacancia presidencial tras el intento de golpe de Estado, no registró voto en el pleno, lo que generó cuestionamientos sobre su posición política. Además, protagonizó polémicas por declaraciones en 2023 sobre matrimonio infantil, donde afirmó que las relaciones sexuales tempranas “ayudan al futuro psicológico de la mujer”.
El Colegio de Abogados de Lambayeque rechazó su candidatura y difundió un comunicado donde afirmó que el legislador “no puede ni debe ser elegido presidente”. El documento expresó “profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza” y recordó que “se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas en distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica, etc.”. Tras un proceso disciplinario, fue expulsado del colegio. El gremio indicó que existen denuncias penales en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial acelerar causas. También sostuvo que el país requiere autoridad moral y legitimidad institucional.
