El expresidente es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre. La medida coincidió con los enfrentamientos en las calles, donde murieron otras seis personas.
La justicia peruana dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre.
La medida, dispuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley, coincidió con nuevos enfrentamientos que causaron otras seis muertes en el país. La cifra de fallecidos asciende a 14 desde que estallaron las protestas el domingo.
El magistrado declaró fundado un pedido de la fiscalía. La decisión se sustenta en que existe “peligro de fuga” de Castillo, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. La medida se extiende hasta junio de 2024.
Castillo seguirá detenido mientras crecen las protestas en Perú
La decisión del juez se anunció un día después de que el gobierno declarara un estado de emergencia para tratar de calmar las violentas protestas que se viven en el país. Este miércoles se reportaron seis muertos en la ciudad de Ayacucho, con lo que asciende a 14 la cifra de fallecidos desde el domingo. Cuatro personas fallecieron hoy en el departamento sureño de Ayacucho y dos en el departamento de La Libertad, en el norte.
Las protestas estallaron después de que Castillo fuera destituido por los legisladores la semana pasada, tras su intento de disolver el Congreso antes de un voto de revocación.
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El juez emitió el fallo días después de que el Congreso despojara a Castillo del privilegio que impide que los presidentes de Perú enfrenten cargos penales. Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia virtual del jueves, argumentando que carecía de las más “mínimas garantías”.
El expresidente estuvo representado por un abogado de oficio.
El nuevo gobierno peruano decretó el estado de emergencia nacional
El Gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra. Tal como adelantó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, el decreto supremo que declara el estado de emergencia fue publicado en una edición extraordinaria de la gaceta de normas legales.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, detalló en su segundo artículo.
