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En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que tramita el fiscal platense Alvaro Garganta contra Daniel Scioli y varios de sus funcionarios, ayer fueron allanados un departamento del ex jefe de gabinete Alberto Pérez y una galería de arte. El operativo se realizó en busca de evidencias, entre ellas eventuales facturaciones en la compra de obras de alto costo.
Según el fiscal, “en el departamento de Caballito encontramos varios cuadros y esculturas de firma, de mucho valor económico; y en la galería de arte Zurbarán, se incautaron varias boletas de compra de dichas obras”, explicó Garganta.
El procedimiento, a cargo de la Policía Federal y la provincial, duró un par de horas en la calle Alvear al 1600, en el barrio porteño de Recoleta, propiedad de Ignacio Gutiérrez Zaldívar.
De acuerdo con el acta de allanamiento, se secuestraron tres computadoras y registro de documentación de venta de pinturas. Alguna de ellas, de acuerdo con una información difundida por TN, corresponde a la autoría de Benito Quinquela Martín.
La fiscalìa investiga los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a través de maniobras desde el Estado provincial, en el período 2007-2015. Entre ellos, con la confección de facturas apócrifas. Pérez quedó involucrado en la imputación de esos ilícitos. También el ex director de Administración de la jefatura de Gabinete bonaerense, Walter Carbone, de notoriedad pasajera por el secuestro de su casa de Abril de un dragón alado con caja fuerte incorporada en su vientre metálico.
Ambos se encuentran con prohibición de salir del país y multas por 15 millones de pesos. En las próximas horas, la cámara debería pronunciarse por esa inhibición de abandonar Argentina por la presunción de fuga. También por una probable atenuación de la multa.
Garganta intenta hallar evidencias sobre irregularidades, según su acusación, que terminen comprometiendo a Pérez y Carbone en manejos públicos en 2014-2015, en el tramo final de la gestión Scioli.
Garganta afirma en el detalle de la causa que “sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos, destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
La causa se inició hace un año con una presentación de la diputada nacional Elisa Carrió. Los fundamentos del pedido de investigación citan “cajas negras” en la administración sciolista y los organismos públicos en foco son ABSA, Lotería, IOMA y Jefatura de Gabinete.
Hace dos semanas,Scioli declaró en una ampliación de testimonial ante Garganta y negó las irregularidades que la Justicia le adjudica.
Los cargo incluyen, además, asociación ilícita, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.
El ex gobernador declaró, entonces, que desde el Ejecutivo “jamás” incidió para que algún ministerio contrate a una empresa o le adjudique a una persona alguna obra.
Su resguardo, en principio, es simple: “No tengo firmado trámites” de esa naturaleza, respondió al interrogatorio.
En la estrategia de la defensa, el aparato burocrático es un escudo formal. Ejemplo: en el vuelo a Cuba en avión privado y con tripulación que incluía a una modelo, se amparó en que el pedido de contratación “fue cursado a la Unidad Gobierno” y allí se resolvió el tramite.
En los próximos días, la Cámara de Apelación se pronunciará sobre el pedido de apertura de la causa por enriquecimiento ilícito, del que resultó sobreseído.
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