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La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó la prisión domiciliaria al ex comisario Miguel Etchecolatz, mano derecha del ex jefe de Policía bonaerense, coronel Ramón Camps en el período 1976-1979- aunque, por el momento, no se hará efectiva porque el condenado a prisión perpetua tiene otras casos que determinan su encarcelamiento en el hospital del penal de Ezeiza.
La decisión del tribunal corresponde a la causa conocida como “Pozo de Banfield”, uno de los 21 centros de detención ilegal que funcionaron en la Provincia durante la dictadura militar (76-83). En ese tiempo, Etchecolatz , como Director de Investigaciones de la Policía provincial, era el responsable operativo de los centros clandestinos.
Esta semana, ante el pedido del arresto atenuado, en mérito a la edad del condenado y su estado de salud –según la defensa – la cámara resolvió conceder el beneficio. Liliana Catucci y Eduardo Riggi aceptaron el planteo. Mientras que la jueza Ana María Figueroa votó en contra. Cumplido el trámite, el expediente es trasladado al juez de primera instancia, Eduardo Kreplak, quien debería dar cumplimiento. No obstante, el magistrado quedará inhibido de esa orden porque Etchecolatz está condenado a perpetua en otras causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad.
En agosto del año pasado, la sala 4 de la Cámara Federal de Casación, había resuelto la prisión domiciliaria tramitada por Etchecolatz. Esa vez, por sus responsabilidades penales en el funcionamiento del centro clandestino “Infierno”, en Avellaneda.
La permanencia en las actuales condiciones de alojamiento o su eventual cumplimiento de la pena en su casa constituye toda una controversia jurídica y política.
En su momento, hace poco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó una importante jurisprudencia al convalidar el arresto domiciliario para el militar Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, condenado –sin sentencia firme -por crímenes como los del escritor Haroldo Conti y los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
De acuerdo con el fallo, se atendió su estado de salud y por entender que más allá de la “barbarie” que se cometió en la dictadura el Estado debe garantizar “la imparcialidad en la aplicación de las leyes”. Entonces, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, consideró que representaba “una buena señal de madurez cívica” la medida judicial.
Octogenario, Etchecolatz espera su turno. Ya en 1985 había sido condenado por 73 crímenes, entre ellos en “la Noche de los Lápices”. Luego beneficiado por la Ley de Obediencia Debida. Y en el 2000, el juez federal Humberto Blanco inició un proceso contra Etchecolatz por el homicidio de Diana Teruggi, el 24 de noviembre de 1976, y la desaparición de su bebé Clara Anahí Mariani.
Además se lo acusó de la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado. También por la privación ilegal de la libertad y torturas de Nilda Emma Eloy y Jorge Julio López, quien todavía permanece desaparecido después de casi once años de su secuestro. Precísamente, en el día de la última sentencia contra Etchecolatz.
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