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La Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, emitió ayer un comunicado que intenta ser un desmentida a una nota de Clarín en la que se informó que su organismo gastó $6.840.000 de presupuesto público para alquilar un edificio que su organismo no utilizó jamás. Se trató de una “renta fantasma”, un gasto injustificado. En su escrito de defensa ante lo que consideró “un acusación injusta y con falta de profesionalismo periodístico”, la jefa de todos los fiscales federales del país confirmó los hechos contados por este diario. Pero argumentó que toda la trama tuvo otro objetivo fallido que no fue de su responsabilidad, si no de la actual administración nacional del presidente Mauricio Macri.
El comunicado de Gils Carbó asegura que “el alquiler del inmueble ubicado en Avenida Corrientes 1615 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo como objetivo dotar al MPF de la estructura edilicia necesaria para dar cumplimiento al cronograma de implementación del nuevo Código Procesal Penal acusatorio dispuesto por el Congreso de la Nación en el año 2015″. Y más adelante cierra su explicación sobre el tema afirmando que ” a través del decreto 257/2015, del 24 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo suspendió la entrada en vigencia de ese ordenamiento procesal”. Y concluye su defensa central sobre esta historia contando que “ante esta situación (la suspensión del nuevo Código Procesal Penal), la Secretaría de Administración y la Asesoría Letrada del organismo recomendaron rescindir el contrato de alquiler“.
La explicación de Gils Carbó es contradictoria no solo con los hechos, si no que también lo es con la lógica que rige los tiempos del calendario gregoriano, el modo adoptado por la mayoría de los países del mundo para medir el paso de los meses desde el año 1582.
El alquiler “fantasma” de la Procuración se concretó con un objetivo contrario al que asegura hoy la Procuradora que fue el inicio de esta trama.
El 3 de julio del 2015, se publicó en el Boletín Oficial, la adjudicación del contrato del alquiler del edificio de Corrientes 1615 concretado por la Procuración General de la Nación. En el ítem “objetivo” (sic), se puede leer que la “locación” de ese inmueble se debía a dar una respuesta adecuada a las medidas de infraestructura edilicia derivadas de la ampliación de dotación de personal que han experimentado (así, en tiempo pasado, sic) las áreas de apoyo logístico y administrativo y de las unidades/áreas de reciente creación“.
En esa fecha, el nuevo Código Procesal Penal no se había implementado. Pero el alquiler de Corrientes 1615 ya se empezaba a pagar.
¿La Procuradora rentó ese edificio sin saber qué haría en ese lugar?
Incluso el argumento explicativo de la ex fiscal ante el fuero comercial Gils Carbó no da razones sobre por qué nunca se usó el inmueble por el que pagaban 960 mil pesos mensuales antes de que Macri sea electo Presidente.
En esos meses de “renta fantasma”, no se sabía siquiera quién sería el próximo Presidente de la Nación, y menos aun qué decisión tomaría respecto al nuevo Código Procesal Penal.
Pero el edificio igualmente no fue utilizado por la Procuración.
En su comunicado, Gils Carbó también afirma que Clarín omitió información pública relevante sobre el tema: pero ella no la aportó en su escrito difundido ayer ni enumeró a qué papeles o resoluciones se estaba refiriendo. El artículo sí explicitó el expediente sobre el alquiler de Corrientes 1615.
La Procuradora también se quejó ayer de la nota de este diario porque, según ella, no se consultaron a “fuentes oficiales” de la Procuración antes de publicarla.
El quinto párrafo del artículo al que hace referencia empieza así: “Clarín confirmó la información con fuentes de la Procuración que estaban al tanto del tema”.
Gils Carbó está imputada en una causa judicial en la que se la investiga por posibles actos de corrupción por la compra de otro inmueble que hoy se usa sede central de la Procuración.
Los legisladores Elisa Carrió, Paula Olivetto y Fernández Sánchez, de la Coalición Cívica, pedirán ampliar esa denuncia con el contenido de la nota sobre una de las tantas operaciones inmobiliarias de Gils Carbó: la que dio a conocer Clarín sobre la “renta fantasma” de Corrientes 1615.
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