Tras aprobar su reglamento interno, la comisión que preside Maximiliano Ferraro podrá obligar a funcionarios a asistir a audiencias y recabar información sobre el caso Libra. Karina Milei deberá presentarse personalmente, mientras que el presidente Javier Milei responderá un cuestionario por escrito.
La comisión investigadora del caso Libra, recientemente puesta en funcionamiento en la Cámara de Diputados, citará a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a quien no se le permitirá negarse a asistir, según lo establece el nuevo reglamento aprobado este martes. En cambio, el presidente Javier Milei deberá responder un cuestionario por escrito que le enviará la comisión, con un plazo de cinco días para responder al Parlamento.
Los diputados de la oposición votaron además la citación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes también deberán presentarse ante el organismo. De acuerdo con lo establecido, el diputado Maximiliano Ferraro, recientemente designado presidente de la comisión, será el encargado de proponer el orden de las citaciones.
“Dimos un paso muy importante porque la comisión investigadora comenzó a funcionar con un reglamento que establece que todas las personas que sean citadas, tendrán que asistir. Ya no pueden elegir”, declaró la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
“Si son citadas y no asisten, podemos acudir al uso de la fuerza pública para que lo hagan. Se termina el silencio del Gobierno, se termina la oscuridad con el caso Libra. Hay funcionarios que van a tener que venir a dar explicaciones, como Karina Milei», agregó Selva.
La primera medida que se puso en discusión fue la aprobación del reglamento interno que permitirá el funcionamiento de la comisión, propuesto por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien defendió la norma frente a críticas del sector oficialista encabezado por Álvaro Martínez (LLA) y Silvana Giudici (PRO).
Finalmente, el reglamento fue avalado por los 14 diputados de la oposición, conformada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Por su parte, el oficialismo no logró coordinar su postura: 11 diputados no votaron, dos se abstuvieron y uno (Eduardo Falcone, del MID) se ausentó.
Además de los funcionarios ya mencionados, durante el tiempo de trabajo de la comisión, previsto hasta el 11 de noviembre, serán citados:
Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA).
María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministro de Justicia.
Luis Villanueva, funcionario de Procuración General de la Nación.
José Mazzoni, exfuncionario de la OA.
Walter Kerr, director de Traducciones de Presidencia de la Nación.
Charles Hoskinson y Diógenes Casares, empresarios vinculados a criptomonedas.
Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores.
Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores.
Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera.
Giselle Castelnuovo, subsecretaria de Asuntos Políticos de Interior.
Ariel Parkinson, vinculado a las criptomonedas.
El diputado Rodolfo Tailhade (UxP) solicitó investigar al legislador libertario José Luis Espert, quien denunció que su cuenta de la red social X fue hackeada mientras promocionaba una criptomoneda similar a Libra y participó de reuniones en Casa Rosada con los mismos empresarios con los que se encontró el Presidente.
El nuevo reglamento le da a la comisión atribuciones para remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes. También puede convocar a funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales, quienes deben proporcionar la información dentro del plazo fijado bajo apercibimiento.
En caso de que un funcionario citado se niegue a prestar declaración, la comisión podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su presencia. Este punto fue cuestionado por el oficialista Álvaro Martínez, quien sostuvo: “El reglamento dice que va a pedir autorización para someter la presencia por la fuerza, pero está haciendo las funciones del Poder Judicial de la Nación, además de ensuciar al Gobierno. Están queriendo violar la división de poderes”.
