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La esposa del ex funcionario K apeló el procesamiento y embargo ordenado por el juez Daniel Rafecas en la causa por enriquecimiento ilícito, con una sola línea argumentativa: responsabilizar a José López. Al ex funcionario K se le atribuye la compra de un departamento a través de amigos empresarios, que recibieron contratos con el Estado, para “eludir a la Justicia y no declararlo como parte de su patrimonio”. Esto le valió un tercer procesamiento por enriquecimiento ilícito donde fue incluida Amalia Díaz.
Se defendió y negó tener algo que ver con la adquisición del departamento de Avenida Las Heras 2032/36. Aclaró que en 2006 en ese mismo edificio, pero en el piso sexto alquiló un departamento con su esposo. Al tiempo “tomé conocimiento que en el piso 13 se vendía un departamento” dijo Díaz pero señaló que la idea era que su hija, que había sido mamá, alquile, “no era el plan su adquisición igual se lo comenté a José quien al tiempo, me dijo que fuera a verlo con un conocido suyo, Carlos Gianni”. El empresario quedó también procesado en esta causa ya que el juez Rafecas lo encontró responsable de la maniobra.
“Aclaro que Gianni era conocido de José a través de su actividad laboral, sé que tenía una empresa de turismo y prestó servicios para el Estado. Yo lo vi pocas veces en persona, en tres o cuatro ocasiones en que compartí alguna reunión con él y gente allegada a mi marido”, dijo Amalia Díaz en su defensa que fue procesada como “partícipe necesaria”, según Rafecas. “Sólo fui a ver el departamento” por “orden de José”, negando haber sido “intermediaria” como lo consigna el procesamiento.
El empresario señalado como “testaferro del ex funcionario K, cuenta además, con una empresa llamada “Turicentro Viajes SA” en Capital Federal, “concurrí en algunas oportunidades por indicación de José”, reiteró Amalia Díaz. Allí compraron varios viajes al exterior.
Respecto a Gianni, el procesamiento indica que fue encontrado como “partícipe primario”. Es empresario ligado al turismo pero también a contratos de obra pública. “A su empresa Marketing y Eventos SA la hizo figurar como adquiriente de la propiedad en abril de 2010” y según comprobó Rafecas, “el verdadero dueño sería desde un comienzo José López”.
La compra del departamento se hizo en mayo de 2010 y el valor del alquiler “era inferior al del mercado”, especificaron desde la causa. Así, no sólo sospechan del pago de mensual de “retornos encubiertos”, sino que atento a su situación judicial respecto a su patrimonio, López se valió de estos mecanismos “para enriquecerse”.
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