lo que antes no era delito, ahora sí lo es

Perpleja, enojada y con su habitual intento de manejar la ironía con garbo, Cristina Kirchner denuncia: “Lo que antes no era delito, luego del cambio de Gobierno, lo es”. Y tiene razón. El único detalle es que su demanda apunta en la dirección opuesta al del reclamo social. Para la ex Presidenta es intolerable que los jueces la molesten ahora por cuestiones por las que ya había sido sobreseída o que los magistrados simplemente habían desistido investigar. En la calle y las redes sociales, por el contrario, se exige que las saturnales de dólares, bolsos, cajas de seguridad y estancias gigantescas que durante años permanecieron impunes sean condenadas de una vez. Aún no ocurrió.

En la transparencia de su cólera, Cristina revela cuán descolocada quedó tras el giro copernicano de varios jueces a los que desde la Casa Rosada controlaba -con la billetera o el garrote- o que le temían tanto como para no importunar sus negocios personales y familiares. Esa dorada época se terminó, y ahora llegó el tiempo de las explicaciones.

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Tiene razón la ex Presidenta, que en el escrito que entregó hoy como respuesta a la citación para prestar declaración indagatoria por lavado de dinero y supuesto cobro de coimas dedica páginas y páginas a señalar las contradicciones de la justicia federal en general, y de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini en particular. Ambos la investigan hoy por media docena de graves delitos, en causas que se superponen, se duplican, se chocan y se molestan. Causas que alguna vez fueron desechadas, minimizadas o estudiadas con demasiada misericordia hacia esos mismos graves delitos.

Las irregularidades en la distribución de la obra pública, los malabares comerciales de las sociedades familiares “Los Sauces” y “Hostesur” y hasta sombrío pacto con Irán aparecen en varios expedientes manipulados por jueces y fiscales distintos. Esos mismos magistrados que hasta el cambio de gobierno se excusaban o miraban hacia otro lado para no hurgar en cuestiones incómodas para los Kirchner y su troupe. Jueces y fiscales cuyo andar exasperante demoraba causas trascendentales durante años y años, hasta que languidecían en un cajón o acababan con una prescripción. La auditoría que el Consejo de la Magistratura inició sobre los juzgados federales revelará cuánto ladrón quedó impune por estos motivos.

El manifiesto que Cristina le tiró por la cabeza a Bonadio tiene la exuberancia de sus viejos discursos. Plagado de adjetivos y desmesuras, habla de una “descabellada imputación” en su contra, y de la “violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional”; se asume “objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país”, protesta por la “escandalosa discrecionalidad con que se está manejando el Poder Judicial en la República Argentina”, y cae en la banquina con una comparación de mal gusto para quejarse por los embargos judiciales en su contra: “Estamos en presencia de una actividad de carácter confiscatoria reñida con los principios más elementales que fija la Constitución Nacional (cualquier similitud con lo realizado durante la última dictadura genocida a través de la tristemente célebre CONAREPA, no es una mera casualidad)”. La doctora se refiere a la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial con que los militares expropiaron a políticos supuestamente corruptos.

Cristina guardó su bala más puntiaguda para la “inefable diputada Stolbizer, a la que la única actividad que se le conoce es la de ser denunciante crónica en contra de mi persona y de mis hijos.” La insidia contra la diputada fue más allá: “Stolbizer salió a buscar a Bonadio”, relata en su escrito. “Sabía perfectamente cómo se manejaban los sorteos. A esta altura nadie puede dudar que a las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., se le debe agregar una mucho más rutilante: la de Stolbizer y Bonadío. Sociedad de objeto inconfesable por ilegal: perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.” Golpes a la mandíbula, al estómago, y también debajo del cinturón para la legisladora y el juez que “no es imparcial ni remotamente”.

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Sólo en la página 32, de las 44 que tiene la pieza de Cristina, comienzan las explicaciones respecto a la inmobiliaria Los Sauces. Dice que su familia se dedica a esa actividad desde mucho antes de incorporarse a la función pública, y que la firma -una “típica sociedad familiar”- tiene todos sus papeles en regla y paga sus impuestos. SIn embargo, al pasar también acepta que “en este tipo de entes jurídicos los rigorismos formales se ven naturalmente atemperados.” Vaya vaya.

Dice que hubo retiros y transferencias, pero que como fueron bancarizados son trazables. Dice que Báez y López explicaron bien los motivos de sus alquileres a Los Sauces, y que los precios eran los de mercado. Y que la proporción de esos dos clientes en el total de la facturación de la inmobiliaria (recordemos, más del 86%) “carece de toda significación”.

No faltan las chicanas y sarcasmos contra el Gobierno y su Presidente. Hay comparaciones con las empresas con las de Macri investigadas en los Panamá Papers, menciones a su primo Angelo Calcaterra y otras consideraciones.

Ninguno de estos artificios, legítimos o no, evitará que antes de fin de mes sea procesada.