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El expediente es oficial. Tiene un nombre de razón indescifrable para quienes no son expertos en las nomenclaturas de la burocracia: “A 9005/2015”.
Pero dice bien grande en su primera página de dónde proviene: “Ministerio Público. Procuración General de la Nación”. Y su “Asunto” se comprende mejor: “En relación a dos contratos de locación de inmuebles en vigencia”. Alguien agregó un escrito a mano más especifico aun: “Corrientes 1615-CABA”. Se trata de un nuevo legajo relativo a resoluciones en el rubro inmobiliario ordenadas por la Procuradora General, Alejandra Magdalena Gils Carbó, jefa de todos los fiscales del país. La funcionaria está imputada en una causa judicial en la que se la investiga por posible corrupción generada gracias a la compra del edificio en el que hoy funciona la sede central de su organismo. Clarín accedió a un nuevo legajo que vincula a Gils Carbó con posibles desmanejos irregulares de millonarios fondos públicos, destinados, esta vez, no a la adquisición de un inmueble, si no al sospechoso alquiler de un edificio de 8 pisos que se usaría para que funcionen allí nuevas fiscalías. No pasó. Lo segundo, lo primero, sí. El Estado pagó por ese alquiler 6.580.000 pesos, correspondientes al lapso entre julio del 2015 y enero del 2016. Pero nadie trabajó allí, jamás. La Procuración pagó un alquiler millonario, financiado con fondos públicos, para nada. Fue una “renta fantasma”.
Según la carpeta gubernamental “A 9005/2015“, la Procuradora avaló la renta de una propiedad ubicada en Corrientes 1615.
Denuncian al Estado por la ley que prevé juicio político para Gils Carbó
Clarín confirmó la información con fuentes de la Procuración que estaban al tanto del tema. Pero también gracias al testimonio del propio dueño del inmueble. Se llama Víctor Blanco Rodríguez, es presidente de Racing Club y empresario hotelero de relevancia: “Me postulé para la licitación del alquiler de ese edificio de Corrientes 1615, sí, es mío”, le explicó Blanco Rodríguez a Clarín, y agregó: “Tenía dos posibilidades. Una era alquilárselo al Consejo de la Magistratura, La otra fue la que elegí y aun hoy lamento: que lo alquile la Procuración General de la Nación. Nadie lo usó, después me dieron de baja el contrato”.
A la “renta fantasma” autorizada por Gils Carbó, se le sumó a esta trama otra resolución enigmática.
Sin que nadie de la Procuración usase al edificio de Corrientes 1615, se resolvió que se comprarían los muebles que había en esas oficinas. Costaron 203.000 pesos.
El presidente de Racing, Blanco, es el propietario de Corrientes 1615, mediante una de sus sociedades comerciales llamada VBR Group. El empresario ratificó que cobró por el alquiler por su edificio, contó que nadie usó, y confirmó también que la misma Procuración le compró los muebles por alrededor de 200.000 pesos.
Ante un fiscal, Gils Carbó volvió a defender la compra del edificio
¿Por que Gils Carbó autorizó el alquiler de un edificio que la Procuración no usó? ¿Y por qué se compraron los muebles del lugar?
A esta última pregunta no hay respuestas oficiales.
Entre las diferentes acciones resolutivas y explicaciones internas que constan en el expediente administrativo hay acciones que generan más preguntas que, aun, no tienen respuestas.
La Procuración no sólo pagó un alquiler de 940 mil pesos mensuales por un edifico que nadie usó. Además ofreció abonarle alquileres por adelantado a Blanco. Así quedó asentado en una “addenda” al contrato. Ese adelanto de rentas correspondía a los primeros meses del 2017 iba a tener un costo de 3.574.511 pesos.
Blanco niega haber cobrado esa plata. Dice que la Procuración le avisó que dejaba de alquilarle su edificio “mediante un telegrama”.
El 17 de diciembre del 2015, el contador Jorge Argüello, funcionario de la Procuración, aseguró en un documento oficial que “La Sra. Procuradora General” lo “autorizó” a “ejecutar el Plan Anual de Compras y contrataciones correspondientes” al 2015. En ese marco se concretó la “renta fantasma” de Corrientes 1615.
Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades
El 26 de febrero del 2016, la propia Gils Carbó decidió terminar con ese alquiler. Pero no porque su organismo nunca ocupó el edificio de Corrientes 1615, si no porque -argumentó- el presidente Mauricio Macri había suspendido la implementación de nuevo Código Procesal Penal.
Pero esa no había sido la razón por la que la Procuración alquiló esa propiedad, según la adjudicación de la operación que consta en el Boletín Oficial. La diputada Elisa Carrió había denunciado varias de las posibles irregularidades en las operaciones inmobiliarias de la PGN en su pedido de juicio político contra Gils Carbó.
Paula Oliveto, una de las legisladoras que trabajó junto a Carrió esos temas, le aseguró a Clarín que “es gravísimo que la Procuración haya pagado por un edificio que no usó”. Y agregó que la intención de pagarle alquileres por adelantado al dueño de ese inmueble va en contra de Ley de la Administración Nacional.
Alejandra Magdalena Gils Carbó hizo carrera en el fuero comercial. Conoce de contratos y operaciones financieras e inmobiliarias. Mucho.
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