En cumplimiento de la Constitución Provincial, el Tribunal Electoral de Misiones resolvió excluir del padrón a efectivos de fuerzas armadas y de seguridad. La decisión regirá para las elecciones del próximo 8 de junio.
En una resolución adoptada mediante el Acta Acuerdo Nº 1221, el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones ordenó la inhabilitación de ciudadanos pertenecientes a fuerzas armadas y de seguridad nacional y provincial para votar en las elecciones del 8 de junio, en cumplimiento del artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial.
La medida se basa en la prohibición constitucional que establece que “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”. En consecuencia, el Tribunal recibió informes oficiales con las nóminas correspondientes por parte de las instituciones implicadas.
En su parte resolutiva, el acta establece: “Ordenar se proceda a la tacha de los mismos, toda vez que se hallan imposibilitados de emitir su voto por designio constitucional, lo que así deberá consignarse, siempre que se encuentren incluidos en el padrón electoral oportunamente oficializado”.
Asimismo, se dispuso comunicar formalmente la resolución y su aplicación a todas las fuerzas involucradas, y notificar también a las alianzas y partidos políticos en competencia.
Responsabilidad de las propias fuerzas
El acta detalla que se cursaron oficios a los máximos responsables del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Policía de Misiones, Servicio Penitenciario Provincial, Seguridad Aeroportuaria y el Liceo Naval Almirante Storni. En todos los casos, las autoridades remitieron las listas de personal activo comprendido en la restricción constitucional.
“Corresponde a este Tribunal ordenar la tacha de todos aquellos ciudadanos inhabilitados para emitir el sufragio, a partir de una norma legal que así lo disponga, máxime cuando dicha norma es de raigambre constitucional”, se expresa en el acuerdo.
El Tribunal remarcó que no le corresponde identificar a los ciudadanos alcanzados por la inhabilitación, sino que esa responsabilidad recae sobre las propias fuerzas, que “informaron mediante oficio cada uno de los responsables”.
Con información de Mol
