La Secretaría de Trabajo mediará este lunes en un encuentro virtual para destrabar la crisis que mantiene en vilo a 920 familias. La compañía acatará la conciliación obligatoria, pero ratificó su plan de cerrar la planta de San Fernando.
El Gobierno, la cúpula de Fate y los representantes del Sindicato del Neumático (SUTNA) se verán las caras este lunes en la primera audiencia de conciliación obligatoria, convocada de urgencia tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica fábrica. El encuentro, que se realizará de manera virtual a las 12, busca acercar posiciones y encontrar una salida al conflicto que dejó en la calle a 920 empleados.
Pese a la intervención oficial, la compañía adelantó que su objetivo es retomar las tareas de forma gradual solo durante el plazo que dure la conciliación para luego continuar con el plan de cierre. A través de un comunicado, la empresa aseguró que acatará la medida y hará “efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las Autoridades” una vez que se verifiquen las condiciones técnicas y de seguridad en la planta industrial.
La conciliación obligatoria, dictada por 15 días, ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto. Esto implica que los 920 despidos quedaron suspendidos mientras dure el procedimiento y la empresa debe garantizar las tareas de forma normal. Las indemnizaciones que iban a pagarse quedaron interrumpidas por la medida administrativa.
Las autoridades de Fate adjudicaron la drástica decisión a un combo de factores económicos y gremiales. La empresa denunció una importante caída de la demanda, la pérdida de competitividad frente a un fuerte avance de las importaciones y un largo y desgastante conflicto con el SUTNA.
La crisis de la firma no es nueva y se remonta a 2019, cuando ya había aplicado una reducción de 450 puestos de trabajo. En julio de 2024, la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la gestión de Javier Milei, luego de registrar una abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación.
En ese momento, la compañía advirtió sobre “la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%”, lo que originó pérdidas por más de 30 millones de dólares en la primera mitad de 2024. El conflicto escaló en las últimas semanas con el anuncio de cierre, lo que generó una protesta de los operarios en la planta de San Fernando que terminó con una orden de desalojo judicial.
