La Justicia Federal de San Martín hizo lugar a una cautelar del gremio Sevina y frenó por seis meses la aplicación del decreto 461/2025, que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. El Ejecutivo no podrá ejecutar despidos, traslados ni eliminar estructuras.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín suspendió este jueves el decreto del presidente Javier Milei que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La jueza Martina Isabel Forns hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y ordenó al Ejecutivo abstenerse de realizar cualquier acción derivada del decreto 461/2025 por un plazo de seis meses.
Con esta resolución, el Gobierno no podrá efectuar traslados, cesantías, pases a disponibilidad ni suprimir estructuras vinculadas al organismo. “Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes”, sostuvo la magistrada, quien citó la Constitución Nacional y convenios de la OIT con jerarquía constitucional, al advertir que el Estado no puede modificar unilateralmente condiciones de trabajo establecidas por normas colectivas.
Forns también cuestionó que el artículo 32 del decreto le impone una “fecha de vencimiento” a la estabilidad laboral del personal, y que el control del Ministerio de Desregulación sobre los movimientos de trabajadores “subordina las decisiones a la exclusiva discrecionalidad” de esa cartera. “Esto vulnera el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales”, remarcó.
En su fallo, la jueza fundamentó su decisión en la necesidad de evitar “perjuicios irreparables” ante la posibilidad de despidos masivos y modificatorias unilaterales que podrían afectar a un sector “socialmente vulnerable”.
Aunque no se pronunció sobre la nulidad o inconstitucionalidad del decreto, ya que ese análisis requiere mayor profundidad, Forns consideró que están dadas las condiciones para preservar el statu quo hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Desde Sevina celebraron la resolución como “un respaldo legal a la lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional de Vialidad”. El sindicato adelantó que continuará con las acciones para proteger los derechos de sus trabajadores.
El decreto 461/2025 había sido anunciado a principios de julio por el vocero presidencial Manuel Adorni como parte de un plan de “reorganización del Estado”. Además de la Dirección Nacional de Vialidad, el Ejecutivo dispuso la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyas funciones serían absorbidas por el Ministerio de Economía.
