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La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló ante la Cámara Federal porteña la decisión del juez federal Sebastián Casanello de rechazar, por ahora, la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K.
En un escrito presentado por el titular del organismo antilavado, Mariano Federici, se sostuvo que al contrario de lo que fundamentó el juez el lunes no se trata de un caso de doble juzgamiento, sino de hechos distintos y que, además, no se dio intervención al fiscal Guillermo Marijuán antes de opinar, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Como querellante en la causa, la UIF recordó que la misma sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, había ordenado a Casanello investigar a Cristina en esta causa y determinar si hubo conexiones con los millonarios contratos otorgados a Austral Construcciones.
La ex presidenta está procesada por haber integrado una asociación ilícita en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez y en la causa por los movimientos financieros de la inmobiliaria Los Sauces. “La función de BÁEZ en esa organización criminal fue justamente la de haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquella los fondos del Estado Nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, procurándole a sus consortes de causa un lucro indebido al asignarle – de forma irregular – la mayoría de las obras viales controladas en esa provincia”, señala la apelación.
En la causa ya está acreditado que gracias a esos contratos públicos, Báez pasó de ser en el 2003 un empleado bancario a acumular un patrimonio de 2.630 millones de pesos.
“Estas maniobras de lavado de activos no habrían sido realizadas por Lázaro Báez de manera autónoma ni –únicamente- en su provecho personal, sino que las habría realizado a los efectos de dar apariencia de licitud a activos desviados mediante la estructura montada por esta organización criminal que conformaba conjuntamente con los coimputados en estos actuados y con algunas autoridades del por entonces gobierno nacional”, subraya la UIF. Báez ya tiene dos procesamientos en la causa de la ruta del dinero K. Uno por los más de 5 millones de dólares contados en la cueva financiera “La Rosadita” y mostrados en un video y otro por la repatriación irregular de 32 millones de dólares desde Suiza.
El pedido de indagatoria de la UIF no es solo de Cristina, sino del ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros ex funcionarios K.
La UIF se basa en seis agravios. Uno es porque la decisión de Casanello “deja impunes hechos” en la ruta del dinero K. Otro porque no corrió vista al fiscal. Un tercero porque “incumple” una orden de la propia Cámara Federal del 10 de marzo pasado. Sobre este tercer punto destaca que “de lo contrario caeríamos en el absurdo de entender que aquellos funcionarios públicos habrían beneficiado al empresario Báez como una mera liberalidad, sin tener un interés personal en el botín que le estaban entregando”. La cuarta es por “una errónea” interpretación de las resoluciones en las causas del direccionamiento de la obra pública y Los Sauces. Y la quinta porque Casanello “omitió resolver” sobre el llamado a indagatoria de Cristina por lavado de dinero. La sexta, finalmente, es porque para la UIF no hay doble juzgamiento de la ex presidenta.
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