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El juez federal Ariel Lijo sobreseyó hoy al ministro de Modernización Andrés Ibarra en una causa en la que se lo investigaba por abusado de autoridad y otros supuestos delitos por la supuesta compra de equipos y software para implementar el voto electrónico, pese a que el Congreso aún no aprobó esa modalidad de elección. Hasta Diputados le dio media sanción a la ley que implementa la boleta electrónica -que es distinto al voto electrónico-, proyecto que está frenado en el Senado.
A fines del año pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuán había pedido abrir una investigación contra Ibarra en base a una denuncia fue realizada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien pidió que se investigue un acuerdo suscripto con Corea del Sur para implementar el “gobierno electrónico”.
La denuncia incluía un artículo periodístico de un diario -que no es Clarín– en el cual se afirmaba que ya había un acuerdo con funcionarios en Seúl para que Corea participe en la licitación de máquinas y software de voto electrónico, e incluso ya habían llegado las primeras máquinas al puerto de Buenos Aires.
La abogada pidió que se investigue si Ibarra pudo haber cometido los delitos de “malversación de caudales públicos”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Lijo pidió todos los antecedentes del caso y la Aduana negó que hubiera llegado las máquinas para implementar el voto electrónico, mientras Ibarra hizo un descargo por escrito. Ibarra afirmó que lo único que había puesto en marcha era un “análisis de factibilidad” en momentos en que el Gobierno mandaba un proyecto de ley para intentar aplicar el voto electrónico, pero sin ningún llamado a licitación, compra o compromiso alguno.
En ese marco, las empresas Microsoft, MSA, Carvajal Tecnología y Servicios, Smartmatic, Unitec Blue, Intel, Indra y representantes del gobierno de Corea del Sur solicitaron audiencias para explicar sus ofertas. Una de ellos, MSA ofreció “sin costo y a título gratuito” su productos de hardware y software.También, Lijo obtuvo una copia de un acuerdo con Corea del Sur de junio del 2016 para “intercambiar experiencias en el área del gobierno electrónico”. El convenio se apoyó en un dictamen del director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Luciano Lorenzetti, quien concluyó que no había observaciones legales a la firma del acuerdo.
En sus conclusiones, el juez Lijo que “en ningún momento del expediente se desprende la existencia de reuniones o promesas de negocios, procesos licitatorios o adquisiones en concreto, del material necesario para llevar adelante la reforma electoral, es decir, las máquinas y el software del voto electrónico”.
“No se advierte la comisión de ningún ilícito penal en el marco de la función ejercida por el ministro de Modernización”, subrayó Lijo en una resolución a la que accedió Clarín y luego lo sobreseyó a Ibarra.
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