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Chaz Wing tenía 12 años cuando fue arrinconado en un baño de la escuela. Los estudiantes que lo atormentaban también eran niños que rozaban la edad del acné y los cambios de voz. Finalmente, según declaró bajo juramento, lo violaron y lo dejaron sangrando, la culminación de un año de acosos. Aunque Chaz informó repetidamente a profesores y administradores sobre los insultos y ataques físicos que recibía, no reportó la agresión sexual hasta un año más tarde, iniciando una larga batalla legal sobre si el centro había hecho suficiente para protegerlo.
La historia de Chaz es más que un relato sobre la escalada del acoso escolar en Estados Unidos. En todo el país, miles de estudiantes fueron víctimas de agresiones sexuales cometidas por compañeros en escuelas secundarias, preparatoria e incluso en centros de primaria, un horror oculto que desde hace años se pide a los educadores que no ignoren.
Chaz hoy. Se animó a revelar el horror que sufrió en la escuela (AP)
En base a registros educativos estatales y datos federales sobre delitos, una investigación de un año de The Associated Press descubrió unas 17.000 denuncias de abusos sexuales cometidos por estudiantes en un periodo de cuatro años, entre el otoño de 2011 y la primavera de 2015. Esta cifra es el registro más completo hasta la fecha de agresiones sexuales entre los 50 millones de estudiantes de primaria y secundaria del país, pero no refleja la magnitud real del problema: en su mayoría estas agresiones no son denunciadas, algunos estados no las rastrean y los que lo hacen difieren ampliamente en cómo clasifican y catalogan la violencia sexual.
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Y con la reputación y la financiación de los centros educativos en juego, hay una enorme presión para ocultar este tipo de violencia. Incluso bajo las distintas leyes estatales, reconocer un incidente de este tipo puede provocar responsabilidades y el requerimiento de tomar medidas. “Ningún director quiere que su escuela sea la escuela de la violación”, señaló Bill Howe, un ex profesor que pasó 17 años supervisando el cumplimiento en Connecticut de la ley federal que ayuda a proteger a los estudiantes víctimas de abusos sexuales en los colegios. “El director valiente es el que hace lo correcto”.
Las agresiones detectadas por la AP van desde violación y sodomía a sexo oral forzado o tocamientos. Los asaltos ocurrieron en cualquier lugar donde los estudiantes no tenían supervisión: autobuses y baños, pasillos y vestuarios. Ningún tipo de escuela es inmune, tanto si está en un adinerado suburbio, en un centro urbano o en una localidad agrícola. Y hay víctimas de todo tipo.
Los menores siguen siendo más vulnerables a abusos sexuales entre iguales en la privacidad del hogar, según el análisis de los datos de delitos federales realizado por AP. Pero la escuela es el segundo lugar donde se producen más violaciones entre niños.
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Alrededor del 5% de los ataques reportados afectaron a nenes de 5 y 6 años. Los incidentes despuntaron entre los 10 y 11 años –normalmente al inicio de la formación media– y siguieron aumentado hasta los 14 años, cuando comenzaron a caer por el paso a la secundaria. Los tocamientos no deseados son la forma más común de agresión, y casi uno de cada cinco menores agredidos fue penetrado de algún modo.
Los datos mostraron también que los abusos entre compañeros fueron más habituales que los cometidos por profesores, que reciben mucha más atención pública. Por cada contacto entre maestro y alumno que se reporta, hay siete entre niños.
“Las escuelas deben mantener a los estudiantes a salvo –dijo Charol Shakeshaft, profesora de la Virginia Commonwealth University especializada en conducta sexual en centros educativos–. Esta es parte de su misión, es parte de su responsabilidad legal y no está sucediendo. ¿Por qué no sabemos más sobre ello y por qué no se está frenando?”.
Treinta y dos estados y el Distrito de Columbia llevan la cuenta de las agresiones sexuales cometidas por estudiantes, según halló la AP, aunque solo unos pocos casos derivaron en castigos para los alumnos. Algunos de los distritos escolares más grandes del país dijeron no haber registrado ningún acto de este tipo en años, aunque la investigación encontró casos en registros judiciales o en informaciones publicadas en medios locales.
Los estados varían mucho en si se necesita formación específica para frenar o abordar las agresiones entre alumnos: sólo 18 dijeron que la pedían. “Todo el mundo siente que no tenemos un problema, y la razón por la que piensan eso es porque no conocen la realidad”, dijo el psicólogo de Oregon Wilson Kenney, que desarrolló programas de intervención estudiantil.
La investigación periodística encontró que las escuelas solían presentar los ataques sexuales como bullying, acoso o como un comportamiento consensuado, y recurrieron a las leyes de privacidad para no mostrar información básica a sus comunidades. En múltiples casos, los distritos fallaron en sus investigaciones, no supervisaron a estudiantes que sabían que tienen problemas o negaron información a padres o a las autoridades sobre una agresión. La fiscalía puede mostrarse reacia a acusar a menores, y las familias enfrentan elevados umbrales legales para denunciar con éxito a los distritos escolares por no mantener un ambiente de aprendizaje seguro.
Chaz y su familia llevaron el caso a la Justicia. (AP)
En Maine, Chaz Wing y su familia batallaron contra el distrito escolar de Brunswick durante cuatro años, primero ante la comisión estatal de derechos humanos y después en una corte federal. Desde casi su primer día en sexto grado en 2010, los niños acosaron a Chaz por su peso y lo etiquetaron como “gay”, según su declaración y otros registros gubernamentales y escolares revisados por la agencia de noticias. Las quejas a los profesores y responsables de la escuela secundaria y preparatoria de Brunswick no frenaron los abusos.
El acoso escolar derivó en tres violaciones en el cuarto de baño en séptimo grado (segundo de secundaria en muchos países latinoamericanos), según la declaración jurada de Chaz y otras efectuadas ante la policía, médicos, un especialista en abuso infantil y un investigador estatal. Por temor a las amenazas de sus acosadores, explicó, mantuvo silencio sobre la violencia sexual que sufrió, lo que lo llevó a entrar en una depresión y a negarse a asistir a la escuela. En octubre de 2012, después de que su madre lo encontró hecho un ovillo en su cama, confesó entre lágrimas: “Me hicieron daño”.
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Las acusaciones de agresión sexual pueden ser difíciles de investigar. Como muchas de las víctimas guardan silencio en un primer momento, las pruebas físicas pueden perderse. A menudo no suele haber testigos, lo que reduce el caso a las declaraciones enfrentadas de acusador y acusado. Los responsables la escuela de Brunswick dijeron que revisaron las denuncias de acoso de Chaz e investigaron de inmediato la denuncia de abuso sexual una vez la madre se contactó con el centro. El director del colegio, que no tenía experiencia en investigar este tipo de casos, declaró que halló las negativas de los menores señalados como supuestos agresores “muy creíbles”. Tras hablar con su personal y revisar los lugares donde habrían ocurrido los ataques, concluyó que las quejas de Chaz eran “muy poco probables”.
La policía investigó los hechos, pero no presentó cargos a pesar de que la evaluación de abuso infantil determinó que las declaraciones de Chaz eran “claras, consistentes y proporcionaron detalles idiosincrásicos y sensoriales”. El examinador halló además “fuertes evidencias” de que Chaz había sido agredido sexualmente.
En 2014, la Comisión de Derechos Humanos de Maine determinó que el distrito no había visto “la imagen completa” del acoso y permitió “la persistencia de un ambiente educativo hostil”. La comisión no se pronunció sobre las acusaciones de abuso sexual, señalando que el acoso verbal y físico fueron lo suficientemente “generalizados” como para conceder a los Wing el derecho a demandar. Su investigador agregó que el tratamiento que seguía Chaz contra la depresión y una cicatriz que, según el menor, fue resultado de la primera violación, “tienden a respaldar sus acusaciones”.
Las partes llegaron a un acuerdo el año pasado: Brunswick haría mejoras de seguridad y Chaz recibiría 50.000 dólares, aunque no la disculpa que quería. Responsables de Brunswick rechazaron las peticiones de entrevista de AP, como los padres de algunos de los alumnos acusados, excepto para decir que sus hijos son inocentes. En un correo electrónico, la procuradora de distrito Melissa Hewey dijo a la agencia que “hay –y debería haber– siempre una inclinación a creer las acusaciones de abuso sexual desde el principio. Pero a veces las pruebas obligan a concluir que esas acusaciones son falsas. Los niños pequeños que fueron acusados son las verdaderas víctimas en este caso”.
La agencia no acostumbra a identificar a las víctimas de agresiones sexuales por su nombre. Pero Chaz, que cumplirá 18 años en unas semanas, y sus padres decidieron hablar públicamente con la esperanza de ayudar a otros en su situación. “No quiero que esto le pase a otros niños”, señaló su madre, Amy Wing.
Fuente: AP
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