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Una corte de apelación de Francia dejó firme una sentencia contra la empresa certificadora alemana TUV por el caso de las prótesis mamarias PIP. El tribunal rechazó un pedido de suspensión de ejecución de pena que había planteado compañía, que fue condenada a pagar 60 millones de euros a 20.000 demandantes. Entre las demandantes hay 336 argentinas que salieron beneficiadas por este fallo y que recibirán 3.000 euros.
“Esta es una sentencia firme provisoria, por lo que todavía debería salir otro fallo, con un monto mayor, de entre 13.000 y 30.000 euros”, explicó a Clarín la abogada Virginia Luna, que representa a damnificadas argentinas.
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“En 2013 ya ganamos otro juicio penal contra el fabricante, que fue condenado a 4 años de prisión y por ese fallo 120 argentinas están cobrando una indemnización del Fondo de Garantías del Estado francés, de 1.800 euros. Este también es un resarcimiento provisorio, por lo que el monto después debería ser mayor”, añadió la letrada.
Se estima que en el país entre 13.000 y 15.000 argentinas se colocaron estas prótesis entre 2006 y 2009. En 2010 se prohibieron, cuando saltó el escándalo en Francia al detectar que utilizaban un tipo de silicona no autorizado para uso médico.
Muchas de las argentinas que tienen colocadas estas siliconas no iniciaron acciones legales aún. “Todavía están a tiempo. Pero no queda mucho tiempo para demandar porque la causa madre tiene un plazo de prescripción en breve”, advirtió Luna.
“Todavía hay muchas argentinas que no se las sacaron. Hay mujeres que no quieren y otras que no pueden, porque no cuentan con el dinero”, dijo la abogada. “Hasta ahora logramos sentencia firme en la Justicia argentina para que las prepagas den cobertura a las pacientes que tuvieron problemas con los implantes PIP. En esos casos se trata de cirugía reparadora. Todavía no conseguimos que den cobertura preventiva, a aquellas que tienen los implantes y se los quieren remover en forma preventiva”, explicó.
El fallo obliga a la empresa alemana a pagar 3.000 euros a cada demandante, antes de que se conozca el resultado de un procedimiento de apelación, explicaron en un comunicado dos abogados de las demandantes, Olivier Aumaître y Deborah Roilette Gignoli.
“Exigiremos que los pagos se hagan rápidamente, caso contrario pediremos a las instituciones europeas que suspendan sus actividades de certificación con TÜV Rheinland”, dijo por su parte a la AFP Laurent Gaudon, que representa a otras 7.000 demandantes.
TÜV Rheinland y su filial francesa “van a proceder a los pagos provisionales tras la decisión” de justicia, anunció la empresa certificadora, encargada de supervisar las prótesis mamarias PIP, en un comunicado.
Esta empresa alemana fue condenada en enero por un tribunal francés a indemnizar con 60 millones de euros a 22.000 demandantes, en su mayoría latinoamericanas, ya que no verificó “la adecuación entre la adquisición de los diversos componentes necesarios y la fabricación de los implantes mamarios”.
El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa Poly Implant Prothèse (PIP) saltó a la luz pública en marzo de 2010, cuando se supo que la empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado, que declaraba emplear.
La certificadora alemana se limitaba controlar los documentos del fabricante, y no la silicona utilizada. Muchas de estas prótesis mamarias fueron vendidas en Latinoamérica.
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