El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó durante el debate del Presupuesto 2026 que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma laboral en el marco del Pacto de Mayo. La oposición cuestionó la iniciativa y advirtió sobre un retroceso en derechos laborales.
Durante una nueva jornada de debate del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, encabezada por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, anunció que el Gobierno nacional trabaja en una reforma laboral que incluirá un nuevo sistema de “salarios dinámicos” definidos por el desempeño de los empleados.
“Es un déficit que tenemos hace tiempo, tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco, y para ello en este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal”, explicó Cordero ante los legisladores.
El funcionario confirmó que el proyecto de reforma laboral forma parte de los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y será enviado al Congreso “para su discusión pública”. En ese sentido, aseguró: “El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica. Hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira”.
“Salario dinámico” y estímulo al mérito
Entre los principales puntos de la propuesta, Cordero destacó la creación de un plan de incremento salarial dinámico, que buscará vincular la remuneración de los trabajadores con su productividad y rendimiento individual.
“Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo”, afirmó.
El Gobierno planea presentar el paquete completo de reformas el 15 de diciembre, según adelantó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, también presente en la reunión.
Qué son los “salarios dinámicos”
El concepto remite a la posibilidad de habilitar “salarios dinámicos”, una idea que implica un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial. En la visión oficial, la estructura tradicional mantiene los salarios de convenio como mínimos garantizados, pero con esto busca que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios.
Según los lineamientos presentados por Cordero, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia. De esta manera, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar esos montos como el mínimo asegurado para todos los trabajadores encuadrados y, en cambio, cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.
Actualmente, los salarios básicos que resultan de los convenios representan para los sindicatos un resguardo que se aplica de modo uniforme a los empleados bajo su órbita. Con la reforma, el Gobierno pretende que las partes involucradas flexibilicen los mecanismos de actualización y revisión de ingresos, adaptándolos a la situación concreta de cada sector o firma.
La propuesta oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada empresa. El titular de la Secretaría de Trabajo expuso este planteo como una alternativa para dotar de mayor competitividad al empleo y para que el esquema de ajustes sea más flexible y realista.
Críticas de la oposición
La propuesta generó fuertes reacciones entre los legisladores opositores, que advirtieron sobre los efectos de una posible flexibilización laboral.
El diputado Sergio Palazzo (UxP), secretario general de La Bancaria, criticó la falta de políticas que frenen la pérdida del poder adquisitivo: “El salario mínimo cayó en un 34% y solo cubre el 27% de la canasta básica. Hay 321.000 puestos de trabajo menos porque si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.
Por su parte, Vanesa Siley (UxP), referente del sindicato judicial, cuestionó la falta de respuestas concretas del funcionario: “Cordero no respondió a ninguna pregunta que le hicimos. Pregunté cómo van a generar puestos de trabajo genuinos en el sector privado, quitando derechos, haciendo una reforma laboral regresiva, si ya se hizo, y el resultado fue que la informalidad laboral creció del 41% al 43%, con 200 mil puestos de trabajo menos en el sector privado y 55 mil en el sector público”.
Desde el Frente de Izquierda, los diputados Vilma Ripoll y Juan Carlos Giordano también rechazaron la iniciativa. Giordano señaló: “La reforma laboral antiobrera y propatronal ya se vivió con Menem, cuando se remataron los ferrocarriles y las empresas públicas. La reforma laboral significa convenios a la baja, periodos de prueba extendidos y despidos más baratos”.
El radical Rodrigo de Loredo recordó que su espacio impulsó una democratización sindical en el marco de una reforma laboral presentada por Martín Tetaz. “Sin duda que lo económico es una barrera muy grande. Si el Gobierno no pasa de una economía financiera a una productiva, no va a haber legislación que resuelva el problema del empleo en el país”, afirmó.
En tanto, el diputado Juan Brügge (Encuentro Federal) anunció que presentará un proyecto para que la Cámara Baja recurra a la Corte Suprema, tras considerar que el Ejecutivo “atenta contra la soberanía popular” al suspender por decreto leyes aprobadas por el Congreso. “Es una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo el legislador.
Próximos pasos en el Congreso
El oficialismo anticipó que convocará a los bloques opositores a una nueva reunión el 30 de octubre para acercar posiciones sobre el Presupuesto y las reformas laborales, mientras la oposición insiste en dictaminar el texto el 4 de noviembre, tal como lo fijó la Cámara de Diputados.
