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Grecia está usando parte del dinero que recibe de la Unión Europea para gestionar la crisis de refugiados y migrantes para pagar a esas personas y que desistan de su derecho legal de apelar ante los tribunales una orden de deportación. Los refugiados reciben unos 1.000 euros y tickets de avión gratis para que vuelvan a sus países si firman una declaración en la que renuncian a recurrir su deportación ante la justicia.
La Justicia griega lleva meses frenando los intentos del gobierno –presionado por la Comisión Europea- de aumentar las deportaciones de los refugiados que están bloqueados en los campos de detención de migrantes en islas del Egeo como Samos, Kos, Quíos y Lesbos.
El personal de inmigración griego –apoyado por personal de EASO, la oficina europea de apoyo al asilo- rechaza las solicitudes de asilo de la mayoría de refugiados ateniéndose al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía del 18 de marzo del año pasado. El acuerdo argumenta que Turquía es “país tercero seguro” para refugiados, a pesar de que no cumple los requisitos que marca la Convención del Estatuto del Refugiado de 1951 ni la Directiva Europea de Asilo.
Los jueces han sido hasta ahora la barrera contra esas órdenes administrativas de deportación, hacia Turquía o hacia sus países de origen, como Irak o Afganistán. Los sirios no están siendo deportados a su país.
La mayoría de quienes apelaron ante los jueces griegos –casi todos con ayuda de abogados de ONGs griegas o internacionales- consiguieron que la orden de deportación fuera anulada y se les concediera algún tipo de protección internacional.
El programa sería legal si los refugiados y migrantes hubieran desistido voluntariamente de apelar su deportación tras ser debidamente informados de sus derechos, pero en muchos casos –según denuncian organizaciones como Oxfam- los refugiados no reciben información.
Un empleado de EASO que pidió mantenerse en el anonimato y que trabajó en el campo de detención de migrantes de Moria –el que visitó el Papa Francisco en abril del año pasado- aseguró a Clarín que el programa lleva semanas en marcha.
Oficialmente se trata de acelerar las deportaciones pagando a quienes vieron rechazada su solicitud y la aceptaron voluntariamente sin recurrir ante la justicia. Pero se niega ese dinero a quienes decidieron llevar su caso ante los tribunales. La fuente de EASO asegura que Grecia empezó a hacer esa distinción presionada por la Comisión Europea, que quiere que se aceleren las deportaciones.
El pacto europeo con Turquía preveía la deportación a ese país de quienes llegaran a las islas griegas después del 20 de marzo del año pasado, pero sólo se ha deportado efectivamente a unas 1.500 personas porque el resto ha conseguido ver aceptada su solicitud de asilo, de forma administrativa o por los jueces tras un recurso.
Grecia, con apoyo europeo, también pretende sacar a las ONGs de las islas del Egeo y suplir su labor con miembros del Ejército y la Cruz Roja griega. Estas organizaciones son también en muchos casos la única asistencia legal que tienen los refugiados para conocer todos sus derechos.
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