Ley Penal Juvenil: el Gobierno incorporará un capítulo presupuestario para las provincias

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La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Reforma Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa no incluía una previsión presupuestaria para su implementación en las provincias, lo que significaba una presión aún mayor para las jurisdicciones. A raíz de la postura disidente del bloque Innovación Federal, el Gobierno nacional asumió el compromiso de incorporar un capítulo específico que asigne los fondos necesarios para la aplicación de la ley en los distritos.

La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y cien negativos en la Cámara de Diputados, sin abstenciones. El proyecto establece un nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser imputados.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley es que en el texto original la iniciativa no incluía una previsión presupuestaria para su implementación, lo que significaba una presión aún mayor para las provincias, que debían afrontar los costos implícitos de la norma. A raíz de la postura disidente del bloque Innovación Federal, el Gobierno nacional asumió el compromiso de incorporar un capítulo específico que asigne los fondos necesarios para la aplicación de la ley.

El nuevo régimen reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En tanto, para aquellos delitos con condenas inferiores a los 10 años, el proyecto contempla sanciones alternativas como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de tareas comunitarias, el monitoreo electrónico. También incorpora la reparación integral del daño, la restricción para concurrir a ciertos lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.

La votación contó con el respaldo del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, que acompañaron la posición de los libertarios. La iniciativa ahora pasa al Senado para su revisión.

“Este proyecto de ley lleva un gasto social muy alto para las provincias”

En ese marco, el diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, durante su exposición en el recinto, puso el foco en la cuestión punitiva, y enfatizó en el impacto presupuestario y estructural que la implementación de la ley tendría en las provincias.

“Hemos escuchado diferentes ponencias y evidentemente en un tema tan sensible es muy difícil ponerse de acuerdo, es complejo”, señaló, por lo que trajo como ejemplo las experiencias internacionales, que demostraron que cuando la discusión no se limita a una cuestión ideológica, pudieron trabajar y avanzar de manera comprometida sobre la edad de imputabilidad.

Herrera Ahuad mencionó los casos de Brasil y Chile como ejemplos analizados en reuniones de comisión y explicó que su expectativa respecto del proyecto no está vinculada a la cárcel como fin en sí mismo, sino a la posibilidad de una atención integral del menor vinculado a un hecho delictivo.

De esta manera, remarcó la importancia de un abordaje serio e igualitario de “una gran problemática que tiene la Argentina como la tienen otros países del mundo”. Advirtió que muchas veces el debate se centra en “cinco o seis casos de crímenes” que tuvieron alta exposición mediática, pero subrayó que “todos los días hay actos delictivos de menores en todas las provincias de la Argentina y eso me preocupa mucho más”.

El legislador misionero valoró que el proyecto mencione la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar situaciones complejas como las adicciones y los contextos familiares vulnerables. “No queremos que ese chico vaya a preso, sino que sea atendido”, expresó, al referirse a la necesidad de respuestas integrales para jóvenes en conflicto con la ley.

Innovación Federal advierte sobre la importancia de un presupuesto específico

Sin embargo, planteó una fuerte preocupación en torno al financiamiento. Señaló que si la implementación vuelve a recaer exclusivamente en el esfuerzo de las provincias, el resultado podría ser insuficiente. En esa línea, sostuvo que no se trata simplemente de una cuestión discursiva sobre recursos, sino de presupuesto concreto para sostener equipos capacitados y estructuras adecuadas.

En esa línea, el legislador explicó que garantizar condiciones acordes a lo que establece la ley implica una inversión significativa, tanto en infraestructura como en personal. “Cuando se habla de equipos multidisciplinarios se está hablando de 50 o 60 profesionales abocados a estas problemáticas“, indicó.

De esta manera, Herrera Ahuad insistió en que “Este proyecto de ley tiene un costo muy alto para las provincias, mientras se impulsa una política de reducción del gasto y presión para bajar impuestos, al mismo tiempo se exige a las provincias asumir nuevas responsabilidades en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Ante esta situación advertida por el legislador misionero es que desde el bloque de Innovación Federal, se reclamó para que la Nación, en el proyecto incorpore un capítulo que contemple una asignación presupuestaria específica.

En ese punto, se Remarcó que debe ser un financiamiento claro y determinado para la implementación del programa, evitando que los recursos se transformen en herramientas de negociación política.

El llamado de empatía

La sesión legislativa avanzó, con las constantes cruces y discusiones entre los legisladores sin pedir el derecho a la palabra, minutos previo a la votación del proyecto, el presidente del recinto Martín Menem volvió a dar la palabra al diputado Oscar Herrera Ahuad, como pedido interrupción a su par Gabriel Bornoroni. Intervención que el legislador misionerista utilizó para hacer un fuerte llamado al respeto y la empatía a las personas con discapacidad, como su propio caso que sufre de hipoacusia.

“A raíz de estas cuestiones que se dan, de las diferentes discusiones, de las idas y vueltas que estamos teniendo, le cuento que yo soy un discapacitado auditivo. Escucho a través de un dispositivo que me proveyó esta Cámara y que de esa manera puedo seguir cada una de las intervenciones”, explicó Herrera Ahuad, y agregó “todas las intervenciones a mí me interesan, pero solamente puedo escuchar la del diputado propinante. Las otras no las puedo oír. Tengo derecho a escuchar, tengo derecho como discapacitado a estar en esta Cámara. ¿Sabe por qué? Porque mi voto también puede cambiar la historia de la Argentina”, reclamó.

También, pidió el “respeto en nombre de todos los discapacitados que quizás puedan estar en este lugar y que el diputado propinante, sea del espacio político que sea, tenga la libertad de hablar y de decir y después otro pedirá la palabra y dirá y yo también lo podré escuchar”

En respuesta, el presidente de la Cámara, en nombre de todo el cuerpo, de los 256 legisladores, le pidió disculpas “por no haberle permitido escuchar las opiniones de los demás diputados” y les pidió a sus pares que “se comprometan todos a no interrumpirse entre ustedes para que una persona que puede escuchar a una sola voz colaboren para que lo pueda hacer de manera tranquila“.

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