Organizaciones del sector convocaron a un paro nacional este viernes ante la retención de pagos que afecta servicios básicos y salarios.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad informó sobre una grave situación: debido a la falta de pagos por parte de PAMI, Incluir Salud y Obras Sociales Nacionales, el sector atraviesa una crisis profunda en el país. Ante este complejo escenario y la ausencia de respuestas del Gobierno nacional, las entidades convocaron a un cese de actividades. Las jornadas de protesta ocurrirán el día de hoy, el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo en todo el país.
Según explicaron los referentes, el conflicto radica en la retención de fondos esenciales para el funcionamiento diario de las instituciones. “Están retenidos los pagos desde el mes de noviembre”, afirmó Sebastián Calderón director del Centro De Día Cenemi de Posadas. Por este motivo, el cese de actividades implicará que escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas no brindarán servicios. El reclamo central exige el pago inmediato de las prestaciones adeudadas por parte de PAMI, Incluir Salud y Pensiones No Contributivas.
Desde el Consejo de Discapacidad Misiones, los directivos entendieron que las demoras responden nuevamente al incumplimiento de la ley de emergencia. Esta normativa falló por la falta de actualización de pagos en las prestaciones para el sector vulnerable. Por consiguiente, representantes de instituciones y familiares realizaron una conferencia de prensa este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro, expusieron con crudeza el impacto de la falta de financiamiento en la vida de miles de ciudadanos.
Adriana Salomone, integrante de la Asociación de Padres DINAD, describió la fragilidad del sistema mediante una analogía preocupante. “La situación es como un tren: las locomotoras son el Estado y las obras sociales, que tienen que poner en marcha el motor con los recursos para sostener la asistencia. En el medio están las personas con discapacidad y atrás todos los trabajadores: enfermeras, profesionales, docentes, terapeutas. Si quienes tienen que pagar frenan el tren de golpe, todo el sistema se paraliza. Es como ir a 180 kilómetros por hora y poner el freno de mano: nos matamos todos”, sentenció la activista.
Salomone explicó que muchas instituciones dependen casi exclusivamente de estos desembolsos estatales para sostener su funcionamiento institucional. “En nuestro caso, el 50% de la facturación corresponde a PAMI y un 30% a Incluir Salud. Ninguno de los dos pagó diciembre. Mientras tanto, los trabajadores ya deberían haber cobrado sus salarios y la institución tuvo que afrontar sueldos y aguinaldos. Hoy no podemos pagar salarios y los trabajadores tampoco pueden seguir sosteniendo esta situación”, detalló con preocupación.
Asimismo, la representante advirtió sobre el impacto directo en las personas con discapacidad que residen en hogares permanentes. Mientras las escuelas pueden cerrar temporalmente, los hogares albergan a personas judicializadas que no poseen familia. Por su parte, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente, señaló que muchas instituciones no cobran desde octubre o noviembre de 2025. Sin estos ingresos, las entidades no logran cubrir salarios, insumos, alimentación o servicios básicos ante el silencio de los organismos oficiales de la Nación.
