Para ello, utilizaban domicilios falsos y regularizaban, por medio de moratorias, servicios en carácter de autónomo durante períodos sin residencia en la República. Los casos identificados en la pesquisa ascienden a 211.
Los gestores intervinientes utilizaban al menos 15 domicilios, y los declaraban como lugar de residencia de los beneficiarios, pese a que estos nunca vivieron allí.
Una vez acreditada la falsa residencia en el país y a través del acogimiento a las moratorias previsionales vigentes, los beneficiarios accedían a la prestación y los gestores obtenían sus retribuciones por las labores realizadas.
A raíz de la investigación, se logró identificar la mecánica de la maniobra ilícita y la agrupación de gestores involucrados, entre los que cuales habría funcionarios de la Municipalidad de Jardín América.
