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La Oficina Anticorrupción ya tiene listos los dos proyectos de decretos que desvelan al Gobierno desde que estalló la polémica por el Correo. Se publicarán en la web de la OA, que dirige Laura Alonso. Las dos normas -dos decretos simples- buscan evitar posibles conflictos de interés que involucren al Presidente, la vicepresidenta, funcionarios y sus familiares y amistades. Mauricio Macri anunció la confección de los mismos en su discurso del 1 de marzo frente a la Asamblea Legislativa, el mismo día en que fue imputado por la entrega de rutas aéreas a la aerolínea colombiana Avianca.
Hoy Alonso lo presentará en una reunión con el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, el procurador general del Tesoro Carlos Balbín en el Salón Sur de la Casa Rosada. El Presidente se mantendrá al margen. “Son documentos en borrador para mejorarlos con las contribuciones de todos los que participen de la reunión y a través de la web”, advirtieron desde la OA.
El primero de los decretos tiene que ver con “intervención en juicios”, como el caso del Correo Argentino, cuya ex concesionaria -el Grupo SOCMA- fue demandada por el Estado y demandó al mismo. “El titular del Poder Ejecutivo se abstendrá de tomar cualquier tipo de intervención, mediante instrucciones o cualquier otra forma, en los casos alcanzados por la presente reglamentación”, señala el artículo 2 del proyecto. Los casos de los que el mandatario y la vice deberán abstenerse son los que involucren por “parentesco, consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, sociedad o comunidad, pleito pendiente, amistad o enemistad pública y manifiesta, acreedor o deudor”. Los parientes, enemigos o acreedores conflictivos serán nada más que quienes ejerzan cargos de director, accionista o un socio tenga una influencia dominante, o quien ostente más de un 5% del capital social si la empresa cotiza en bolsa”, señala el proyecto. En esos juicios, el Estado será siempre representado por la Procuración del Tesoro, que deberá publicar un listado con las causas y audiencias a celebrarse y un enlace de acceso al expediente digital.
Previo a tomar una decisión, el organismo que hoy preside Balbín deberá presentar un informe frente a la OA, la SIGEN y la Comisión revisora de cuentas del Congreso. Todos los años, además deberá enviar al Parlamento un informe sobre la aplicación del decreto.
El segundo de los decretos se refiere a las contrataciones del Estado, como las que salpicaron al Gobierno con Avianca. El espectro de funcionarios involucrados es más amplio. Además del Presidente y la vice, también atañe al jefe de Gabinete, los ministros y los titulares de empresas estatales. El grado de responsabilidad de los empresarios es el mismo que en el primer decreto. Las contrataciones observadas son la adquisición de bienes y servicios, obras públicas, concesiones, suministros, cesiones, habilitaciones y permisos.
Los contratistas, a su vez, también estarán obligados: deberán presentar una declaración Jurada de Intereses de contratistas sobre vínculos con funcionarios alcanzados. El ministerio que contrate deberá regirse según Pactos de integridad y con organismos de control o audiencias públicas.
Además, el ministro involucrado en la posible contratación atravesada por un conflicto de interés deberá abstenerse e informar de la gestión al jefe de Gabinete para que designe a otro funcionario.
En la OA sostienen que los decretos -que la Casa Rosada revisará y aprobará en la semana del 20 de marzo- potenciarán el procedimiento previsto en la ley de Ética Pública, que la OA buscará reformar próximamente.
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