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Para ministros y congresistas brasileños, mencionados en las delaciones de los 78 ex ejecutivos del holding Odebrecht, llegó el momento temido. Es que el procurador general Rodrigo Janot envió a la Corte Suprema 83 pedidos de investigación de casos de corrupción, vinculados a esa empresa, tanto de legisladores como de altísimos funcionarios del gobierno de Michel Temer. Quien recibió las causas fue el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, quien ahora deberá decidir, caso por caso, si acepta la denuncia o la archiva. Tan pesado es ese proceso que en los medios parlamentarios llaman al “catálogo” de nombres como la “Lista Janot”.
De este listado, que se integra además con otros 211 nombres de políticos sin inmunidad –no son ministros ni diputados o senadores— que deben ser transferidos a la justicia ordinaria. De acuerdo con los medios brasileños las denuncias de corrupción, por el caso Lava Jato, involucran a 294 personas.
Algunos congresistas de peso, como el senador Romero Jucá, se ven venir lo peor. “Estamos en guerra y morir es parte de ella” declaró. El político, aliado íntimo del presidente Temer, acumula una serie de imputaciones por “irregularidades” cometidas.
El fiscal de fiscales, Janot, pidió al juez de la Corte Fachin que libere al público las delaciones de los 78 ejecutivos de la constructora brasileña. Será el magistrado quien deba tomar la resolución; entre tanto, los nombres de la lista son secretos. Pero se estima que ese sigilo no debe durar más de una semana. Y se cree que la publicación de los testimonios provocará un terremoto político.
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