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“No nos parece prudente el regreso de los visitantes a las canchas”.
La ministra Patricia Bullrich fue tajante cuando Clarín le consultó por el afán de algunas provincias de promover la presencia de las dos hinchadas en partidos, sobre todo, que involucraban la visita de equipos grandes. Para los clubes más chicos, se trata de una oportunidad de recaudar, en una tarde, el dinero de un mes de presupuesto, como le pasó a San Martín de San Juan con los cuatro millones de pesos que embolsó gracias a la presencia de 15.000 hinchas de Boca en el estadio del Bicentenario. Ahora bien: el problema de los visitantes se enfoca, sobre todo, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es por ello que la APreViDe desistió de impulsar partidos con ambas parcialidades, después de haber habilitado varios en la reanudación del campeonato; así se vieron disturbios en Banfield-Boca y en Racing-Lanús. Las rivalidades fomentadas por la cercanía y el enclave de estadios en zonas muy densamente pobladas, como sucede en el Área Metropolitana, son condicionantes. Y a ello se les suman los operativos de escolta de barras que debe hacer la Policía para evitar que los violentos roben y rompan a su paso. Así, desde la Casa Rosada le advirtieron al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo y al titular de la APreViDe, Juan Manuel Lugones, que cedieran con el plan pro-visitantes.
El Gobierno lanza un reglamento que amplía y endurece las sanciones a los violentos
La de Ritondo fue una jugada riesgosa que, si funcionaba, le hubiera reportado grandes beneficios en las aspiraciones de cara a las elecciones legislativas de este año. Incluso en su entorno creen que los desmanes ocurridos este año tuvieron vinculación con la pelea electoral en la que, parece, ahora Ritondo está postergado.
En el Ministerio de Seguridad nacional, a priori, tampoco miraron con entusiasmo la llamada “renovación” de la dirigencia del fútbol. Es más: Bullrich, en su época de ministra de Trabajo de la Alianza, tuvo cruces muy fuertes con Hugo Moyano, quien hoy le cubre las espaldas al flamante presidente de la AFA Claudio Tapia como uno de sus vicepresidentes (el otro, Daniel Angelici). Sin embargo, las primeras visitas de funcionarios del Ministerio a Viamonte “fueron positivas”, le dijeron a Clarín. Igualmente, con la Superliga se tejerá una fuerte vía de comunicación, tal vez más sólida que con la AFA. Será la estructura del torneo de Primera y porque deberá mejorar los estándares de calidad y seguridad para ofrecer un mejor producto por el que los televidentes deberán pagar. “La Superliga sube la vara”, admitió Guillermo Madero, funcionario que procura trabajar desde la diplomacia. Madero ya tejió vínculos con el gobierno de Chile, por el programa Estadio Seguro que se aplica en la liga profesional trasandina. Y también fue invitado por la Liga de Fútbol Profesional de España para conocer sus planes de prevención.
Incluso esperan, para antes del final de la primera temporada de la Superliga (y del Mundial de Rusia), tener sancionada la ley de “régimen especial penal para espectáculos futbolísticos” cuyo proyecto ya está en el Senado. Con esa norma se apuntará a la creación de un cuerpo especial de investigaciones (“el FBI del fútbol”, arriesgan) para monitorear las actividades ilícitas que los barras realizan fuera del fútbol y cercarlos en todos sus afluentes delictivos. Y después vendrá la adecuación de los estadios, con la incorporación de tecnología de avanzada en sistemas de monitoreo por video y con la expectativa de tener todos los espectadores sentados. Otro plan apunta a reducir la presencia policial en los partidos: primero bajando el número en los operativos para que, finalmente y como sucede enEuropa, la custodia en las canchas quede en manos de agentes de seguridad privada.
Para todo ello, deberán asumir una lucha muy dura contra los barras. “No sé si en el transcurso de un año podamos desarticular las barras. Quiero ser prudente al respecto de ese tema”, comentó Bullrich, en relación al alejamiento de los violentos.
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