El análisis del financiamiento tributario de la seguridad social, a través del cual todas las provincias y el Tesoro Nacional resignan recursos de la coparticipación con destino a la ANSES, fue realizado en el Informe Económico IARAF Nº 341, al cual remitimos para las particularidades en función del relativamente escaso tiempo transcurrido hasta la actualidad, en que volvió a resurgir el debate en tanto que se habría llegado a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, disponiendo un esquema de eliminación gradual de la mencionada detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables.
Por lo tanto, en este informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), se busca contribuir al debate, actualizando y poniendo en perspectiva cuál es la magnitud relativa de los fondos en discusión, y en concreto si estos acuerdos implican cifras relevantes para la economía de las distintas provincias. De esta manera, más allá del cálculo de la resignación histórica por parte de las provincias, en este informe se pone el acento en la importancia del acuerdo actual de cara a los próximos periodos.
En primer lugar, debe remarcarse que la resignación de la precoparticipación representa una magnitud relevante para las cuentas provinciales, la cual resulta creciente en función de los diferentes grados de autonomía que presentan las provincias en nuestro país.
Así por ejemplo, mientras la resignación equivale aproximadamente a un promedio del 14% de los montos que se les envían automáticamente a las provincias por Coparticipación y leyes especiales, cifra en la que no se aprecian diferencias significativas por provincia (lo cual resulta lógico en tanto cada una participa en la resignación de acuerdo a sus coeficientes de coparticipación); la situación es claramente heterogénea cuando se tienen en cuenta otros indicadores fiscales.
Por ejemplo, en aquellas provincias con bases tributarias débiles (por menores niveles de actividad económica), el total de lo que se resigna por precoparticipación en un año equivale a entre dos y tres veces la recaudación de Ingresos Brutos, el principal impuesto en nuestras provincias. Lo opuesto ocurre en el caso de provincias de mayor nivel de actividad económica y por tanto mayor autonomía fiscal, en las que de todos modos no es desdeñable el impacto de la resignación de fondos, pues equivale a entre un 50% y un 25% de la recaudación del principal impuesto provincial en muchas jurisdicciones.
Escenario 2016
Otra estimación que puede resultar de interés, es el monto medido en pesos que el acuerdo implica para las distintas jurisdicciones. Puesto que la restitución está planteada de manera gradual para los próximos años, un cálculo relevante es cuánto implicaría en 2016 para cada provincia la restitución de cada punto porcentual de este 15%.
Los resultados se muestran en el siguiente cuadro, en el cual se presenta una estimación de lo que representa en millones de pesos cada uno de los 15 puntos porcentuales de precoparticipación1; y alternativamente cuánto aporta cada punto que se les “devuelve” a las provincias en relación a su recaudación esperada de Ingresos Brutos para este año, o alternativamente en porcentaje de la coparticipación que se espera llegue a las jurisdicciones provinciales en 2016.
En la última columna, se muestra la magnitud relativa de cada punto de la coparticipación en porcentaje del stock de deuda (último dato oficial) que cada provincia mantiene con la Nación, puesto que parte de los acuerdos incorpora la posibilidad de compensación de las mismas. Las conclusiones, como no puede ser de otra manera, son bastante similares a las ya enunciadas, en términos de que la devolución de cada punto impacta de manera similar en relación a las transferencias de coparticipación nacional (excepto para CABA que con su nuevo coeficiente recupera relativamente más), pero con diferente importancia respecto a otros ingresos como es el caso de la recaudación de Ingresos Brutos. Así por ejemplo, cada punto restituido a provincias de baja autonomía les permitiría compensar más de un 10% de recaudación obtenida vía el cobro de ingresos brutos.
