Entre las cláusulas de la Ley de Presupuesto presentada por Milei en el Congreso, una en particular generó debate en el ámbito educativo.
El artículo 27 establece que, de aprobarse la ley, se suspenderá por un año la obligación del Estado (Nación y provincias) de invertir el 6% del PBI en educación. Esta obligación, derivada de la Ley de Educación Nacional de 2006, fue votada por unanimidad por todas las fuerzas políticas. El texto de la ley también suspende la obligación de invertir el 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y el 0,2% en educación técnico profesional.
La medida ha suscitado interpretaciones diversas, especialmente porque, en la práctica, la obligación del 6% del PBI en educación rara vez se cumplió. Solo en 2015 se alcanzó este objetivo, mientras que en los mandatos de Macri y Fernández, Nación y provincias no lograron sumar ese porcentaje en ningún año. Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Di Tella y ex ministro de Educación porteño, destacó que la deuda educativa del Estado Nacional y las provincias alcanzaba en 2020 los 26 mil millones de dólares. «Milei pone en evidencia una realidad que siempre estuvo oculta, limitando la suspensión a un año en lugar de los 14 años de incumplimiento.
Esta emergencia podría ser beneficiosa si en 2026 se establece un plan serio de inversión que aplique el 6% del PBI de forma eficiente», sostuvo Narodowski. Por otro lado, Javier Curcio, economista e investigador de la UBA y el Conicet, expresó su preocupación por un posible ajuste en educación. «Este año, el ajuste en educación será del 40%, el doble que en el sector público en general. Para el año próximo, el incremento presupuestario sería del 35%, pero los supuestos inflacionarios son inalcanzables», afirmó Curcio. Desde la Secretaría de Educación nacional, enfatizaron en una «inversión inteligente» para la educación.
«La crisis educativa argentina tiene un historial de recursos dispersos en programas educativos con escaso impacto en los aprendizajes. Más que un número fijo, es crucial invertir mejor, priorizando los aprendizajes fundamentales», señalaron. Alejandro Morduchowicz, economista especializado en educación, sugirió que las provincias podrían invertir por su cuenta, sin necesidad de una ley nacional.
«Las provincias que se opongan a la suspensión del 6% del PIB para educación podrían hacer lo que deberían estar haciendo de todos modos. Los salarios representan el 90% del presupuesto educativo y están en declive», escribió en su cuenta de X.
Algunos especialistas cuestionan el uso del porcentaje del PBI como indicador de inversión educativa, ya que este garantiza mayor inversión en tiempos de crecimiento económico y menor en recesión. Proponen considerar fondos anticíclicos vinculados a sectores como Vaca Muerta.
