La desregulación de los servicios de ómnibus de larga distancia que dispuso Javier Milei a principios de octubre provocó el primer impacto colateral: las personas con discapacidad se quedaron sin pasajes gratuitos.
Los puntos sin resolver del decreto 883/24 hicieron que las empresas de transporte automotor limitaran o cancelaran el beneficio a aquellos con el certificado de discapacidad.
Ante las quejas de las personas usuarias que dejaron de acceder al beneficio, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte intimó a las compañías de micros de la larga distancia a restablecerlo.
Las cámaras empresariales del sector anticiparon que ya no están obligadas a cumplir con la medida y cuestionaron al secretario de Transporte, Franco Mogetta, ya que no hay reglamentación para el nuevo esquema o mismo una indicación que se haga cargo del costo de estos pasajes.
