La magistrada neoyorquina dejó sin efecto la condena de 16.000 millones de dólares tras el fallo favorable de la Cámara de Apelaciones. El Gobierno nacional confirmó que mantendrá la estrategia de defensa ante el máximo tribunal estadounidense.
La jueza federal Loretta Preska puso punto final a su intervención en el juicio por la estatización de la petrolera YPF. Con esta resolución, la magistrada dejó sin efecto su propia sentencia de 2023 contra el país y cerró formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York, por lo que el trámite quedó a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Estados Unidos.
El dictamen de Preska acató lo resuelto en marzo pasado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, tribunal que revocó la condena inicial que obligaba a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones al fondo Burford Capital. Tras la firma del documento, desde la Procuración del Tesoro explicaron la naturaleza del trámite: “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones”.
Las autoridades legales del Estado mantuvieron una postura firme frente al avance de la causa y aclararon: “Había cierta demora en la llegada de este documento”. Asimismo, precisaron que el cierre en Nueva York no detiene las acciones, ya que la Corte Suprema norteamericana deberá analizar si hace lugar al recurso de certiorari presentado por los demandantes para revisar lo actuado.
El origen del litigio se remonta a la expropiación realizada en 2012, cuando los fondos Petersen y Eton Park —junto a Burford Capital— demandaron al país al sostener que la estatización violó los estatutos de la compañía. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones determinó que la ley argentina de expropiación prohíbe las demandas de terceros que interfieran en dicho proceso, dejando firme la postura de la defensa nacional.
La estrategia del Estado y la revisión en la Corte
Frente a la solicitud presentadas por los demandantes ante el máximo tribunal estadounidense, fuentes oficiales remarcaron la baja probabilidad de apertura de esa instancia y advirtieron: “La presentación no obliga a la Corte Suprema de Estados Unidos a tratar el expediente”. El tribunal norteamericano recibe habitualmente miles de peticiones anuales y solo toma un porcentaje mínimo de casos.
Ante este nuevo escenario procesal, la Procuración del Tesoro de la Nación ratificó el rumbo de la causa y confirmó:
“Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado”.
Por su parte, los representantes del fondo de litigios insistieron en sus presentaciones que el fallo de segunda instancia resultó “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”. Mientras el tribunal supremo norteamericano evalúa si toma el reclamo, el Estado argentino mantiene los equipos legales enfocados en cerrar de manera definitiva el frente judicial en el exterior.
Infobae
