El gobierno argentino presentó un escrito a la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el que solicitó que no se reconozca el 10 de enero como el momento límite para presentar garantías.
La Argentina transita horas decisivas sobre el rumbo del juicio por la expropiación de YPF. En las próximas horas, la jueza neoyorquina Loretta Preska deberá definir si quedará fijo el 10 de enero como fecha para la presentación de garantías, o bien accederá al pedido argentino de postergar esa instancia que habilita el inicio de los embargos. El Gobierno busca frenarlo.
El caso es que a partir de este miércoles, los activos argentinos podrían quedar sujetos de embargo, aunque de momento, los demandantes no encontraron todavía ningún activo argentino que pueda ser confiscado en el exterior.
La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le había concedido al Estado argentino extender el plazo para evitar embargos hasta el 10 de enero para darle tiempo al gobierno entrante. En estos días, la Argentina debía depositar una garantía, mientras iniciaba el proceso de apelación de la sentencia en contra que determinó el pago de una indemnización de US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park.
Los fondos demandantes le enviaron una carta a Preska en la que plantearon que ya pasó un “plazo de tiempo razonable” desde la sentencia del 15 de septiembre y que están listos para embargar y ejecutar activos. La respuesta de la defensa de Argentina fue tajante: “Los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente”.
“Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, manifestó el Gobierno en el escrito que fue rechazado. Allí se aseguraba que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.
El juicio por la expropiación de YPF es el caso más importante que enfrenta la Argentina en el exterior. En primera instancia, la jueza Preska determinó que el país violó el estatuto de la empresa al estatizarla y perjudicó a los accionistas minoritarios. A tales efectos, sentenció al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones, al mismo tiempo que eximió de responsabilidades a la petrolera.
En tanto, para evitar que la sentencia sea ejecutable, la jueza pidió que la Argentina presentara como garantía el 26% de las acciones de YPF y una presunta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2000 millones, que data del año en que se construyó la represa. Sucede que para entregar las acciones de YPF, se necesita la autorización del Congreso, por la ley de Expropiación. En el caso e Yacyretá, no se encontraron documentos oficiales al respecto.
El 22 de febrero es la fecha para que el país se presente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Allí deberá entregar un escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska. Los demandantes ya iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que eximió de responsabilidades a YPF.
