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La crisis política en Brasil, que había amainado, tendrá un rebrote a partir de este mañana. La mayor o menor virulencia del conflicto va a depender de las decisiones que adopte el Tribunal Superior Electoral. Esta Corte debe resolver si anula la victoria de la fórmula presidencial Dilma Rousseff-Michel Temer que resultó electa en octubre de 2014. En caso de optar por esa variante, el actual presidente Michel Temer –que sucedió a Rousseff luego de su impeachment el 31 de agosto de 2016—cesará inmediatamente en el cargo. En esa circunstancia se abriría un proceso de aguda inestabilidad en el país, con el Congreso convocado para elegir en forma indirecta al sucesor.
¿Qué puede detonar semejante desenlace? Solo una causa: la comprobación de que hubo financiación ilegal en la campaña de 2014, llevada adelante en forma combinada entre el Partido de los Trabajadores y su aliado de entonces, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Hay razones para creer que el tribunal electoral, que debe deliberar a lo largo de 4 sesiones a partir de este martes, podrá votar la “casación” de la fórmula Dilma-Temer. El juez electoral Herman Benjamin había sugerido que la Corte se orienta en esa dirección, ya que la investigación de los recursos financieros usados por la coalición presidencialista de hace dos años y medio, indicaron que estos provenían en gran medida de una fuente: la empresa constructora Odebrecht que regó con dineros de coimas las campañas de todos los políticos brasileños. Como en sus cálculos, Dilma iría a encabezar la coalición ganadora –como efectivamente ocurrió–, la constructora aportó un financiamiento más suculento que para los adversarios. Un documento publicado este último domingo por el diario Folha de Sao Paulo revela que el bloque presidenciable del oficialismo recibió al menos 35 millones de dólares (al cambio actual) procedentes de los “fondos ilegales” recaudados por Odebrecht. Y según los fiscales electorales, eso constituye un “abuso de poder económico, que comprometió la legitimidad y normalidad del pleito electoral presidencial”. Concluyeron que esto debe terminar en la “anulación” lisa y llana de aquella victoria; lo que podrá determinar la salida inmediata de Temer de la presidencia de Brasil.
Está claro que semejante postura será la resultante de la votación de la Corte Electoral que cuenta con siete magistrados. No todos apostarán por semejante resolución. Pero basta que tengan cuatro votos a favor para que el destino de Temer quede sellado. Tanto los abogados de la defensa de Rousseff como los de Temer niegan irregularidades y afirman que todas las donaciones fueron legales.
En cuanto el gobierno brasileño aguarda una semana de inestabilidad política, otros factores añaden leña al fuego. El más importante es, ya, la pelea abierta entre el titular del bloque del PMDB en el Senado, Renan Calheiros, y el propio presidente Temer (del mismo partido). Aliados de siempre, sobre la cabeza de Calheiros sobrevuelan las denuncias –de la propia Odebrecht— sobre las coimas que había recibido el senador, que presidió hasta febrero la Cámara Alta. Enojado con Temer, por entender que el jefe de Estado poco habría hecho para salvarlo de su eventual destitución y prisión por corrupto, embistió contra el presidente a quien acusó de “errático”. Sostuvo que “aquel que no oye, se equivoca solo”. En un video que el senador subió a las redes sociales este domingo, Calheiros afirma que la ley de tercerización de los trabajadores –que regirá tanto para la actividad privada como la oficial—es una “medida reprobable
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