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Los contactos fueron in crescendo entre dos ex presidentes brasileños y el actual jefe de Estado, Michel Temer. Sus antecesores, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva comparten con el comandante del Planalto una preocupación idéntica: evitar la destrucción de la clase política brasileña. Esto es, al menos, lo que afirman los principales medios brasileños. Y algunos abundan en datos al decir que el trío se maneja con dos emisarios de peso: el ex ministro Nelson Jobim y el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes.
Hay razones para creer que este operativo está ahora en marcha: el Partido Socialdemócrata; el Partido de los Trabajadores y el Partido del Movimiento Democrático de Brasil son los más afectados por las delaciones de los ex ejecutivos de Odebrecht. No sólo están mencionados ministros y legisladores. Los propios ex mandatarios fueron incluidos en las confesiones del “patriarca” de Odebrecht, Don Emilio, a los fiscales de la Procuración General.
En su delación, el empresario de 72 años les recordó que dio “ayuda” a las campañas de Fernando Henrique en 1994 y 1998 (cuando obtuvo su reelección) a través de “la caja oficial y la caja no oficial”; o sea la legítima y la ilegal. Para Temer, la situación es mucho más complicada desde el punto de vista ético: en 2010 negoció directamente con Marcelo Odebrecht, el heredero de la compañía, la recepción de 40 millones de reales (que por entonces valían 20 millones de dólares) en concepto de financiación de las campañas del PMDB. El juez Edson Fachin resaltó, sin embargo, que el actual presidente tiene una coartada para evitarse juicios: la Constitución de 1988 prohíbe a la Corte Suprema indagar a presidentes en ejercicio por delitos cometidos fuera de sus mandatos. En cuanto a Lula, Emilio Odebrecht dijo varias cosas. Una de ellas fue que ayudó a redactar la “carta al pueblo brasileño” de 2002. Fue esa nota, donde el entonces candidato a presidente se comprometía ante los grandes empresarios a evitar “burradas” en economía y en política nacional e internacional, la que le ganó la “indulgencia” del poder económico brasileño. El hijo de don Emilio, el ex Ceo Marcelo, fue más duro en relación al líder del Partido de los Trabajadores: dijo que habían puesto dinero para comprar un terreno que debía servir a la construcción del Instituto Lula. Y admitió que habían financiado reformas en la quinta de Atibaia, que no es de Lula pero que solía usarla con la familia.
Tanto Cardoso como Lula y Temer rechazaron estos días enérgicamente las denuncias que los involucran como receptores de presuntos recursos de campañas que no fueron legalmente registrados. Como sea, entre los tres políticos habrían pactado una preservación del estatus quo: Temer continuaría en la presidencia hasta 2018, de modo de garantizar las elecciones presidenciales del próximo año. En ese acuerdo, Lula no tendría objeciones del actual oficialismo para presentarse en los comicios como candidatos del PT. Se sabe que la justicia es lo suficientemente morosa como para que falte tiempo, a los magistrados, de emitir una condena definitiva contra el dirigente petista. Tanto él como Fernando Henrique deberán defenderse ante tribunales federales ordinarios, en la capital paulista. De todos modos, habrá de asistirse en el medio a un round entre el juez Sergio Moro de Curitiba y el ex mandatario del PT. Lo citó a declarar en la capital de Paraná el 3 de mayo próximo. Y todos apuestan a que será una confrontación digna de mirar por TV, si es que la transmiten.
Las conversaciones no sólo ocurren en este nivel. También hay una frenética actividad de reuniones entre las direcciones del Senado y de Diputados. Allí están enlodados desde la cabeza hasta los pies: las denuncias recayeron sobre los jefes de ambas cámaras; y se replicaron hacia abajo en una diversidad de senadores y diputados (son 24 y 40 respectivamente). El mundo parlamentario volvió sobre sus talones para revitalizar proyectos que habían abandonado por la presión social. Vuelven a considerar medidas que, a juicio de los congresistas, constituyen ni más ni menos que “abusos” cometidos por los fiscales y el juez del Lava Jato. Lo que sienten las “bases legislativas” es que los partidos principales “están siendo diezmados”. Los dirigentes del PSDB, partido que tiene un nutrido contingente de sospechosos, dijeron que no quieren correr la suerte del PT que fue “aniquilado” por el juez Moro y su grupo. Perciben, de cualquier forma, que el impacto de haber figurado en la lista del juez Fachin, publicada el martes último, ya produjo un daño indeleble.
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