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La seguidilla de escándalos de corrupción que ha producido un tendal de acusados, encarcelados y todo tipo de desprestigios políticos se llevó por delante nada menos que a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, convertida por el Partido Popular (PP) en un ícono de renovación y honestidad.
La Unidad Operativa de la Guardia Civil envió ayer un escrito al juez que instruye la llamada “red Púnica” (una de las tres tramas de corrupción que asfixia a los conservadores en la capital española) y pidió al juez instructor que impute a Cifuentes por prevaricación reiterada y otro grave delito por estar implicada en la financiación ilegal del PP madrileño.
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, implicada por la Guardia Civil española en el escándalo de financiación ilegal del Partido Popular. dpa
Se trata de concesiones irregulares de la Asamblea de Madrid en las elecciones de 2009, 2011 y 2013. Cifuentes, acusa la Guardia Civil, era vicepresidenta del Parlamento regional y presidenta de su mesa de contratación. Además, estaba en la directiva de Fundescam, una fundación del partido que recibía donaciones y también contribuciones de empresarios que después recibían jugosos contratos públicos. Un empresario, Arturo Fernández, que ocupó altos cargos en entidades patronales, aportó 177.000 dólares a Fundescam. Según el informe al juez, Cifuentes ocupaba dos cargos por los que vulneraba la imparcialidad debida cuando aprobó contratos a favor de Fernández, ahora imputado en varios procesos.
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Hace un mes estalló el “caso Lezo”, en el que el magistrado imputó ayer a 52 personajes de alto vuelo, algunos de los cuales han sido enviados a prisión preventiva. El más destacado es el ex presidente de la Comunidad, Ignacio González, antecesor de Cifuentes, que aportó todo tipo de pruebas a la justicia sobre su conducta corrupta. El lunes, antes del pedido de imputación a Cifuentes, dimitió uno de sus altos colaboradores, consejero de Medio Ambiente, al ser acusado por el juez instructor.
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El escándalo en torno a Cifuentes tuvo una inmediata repercusión política ya que la Presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene mayoría absoluta, le falta un voto que ha proporcionado un pacto con Ciudadanos. Su líder, Eric Rivera, afirmó que el acuerdo establece claramente que cualquier miembro del gobierno regional que sea imputado judicialmente tiene que abandonar su cargo. “Lo mismo va a suceder si el juez aceptó el pedido de la Guardia Civil e imputa a la presidenta”, dijo.
Cifuentes negó todos los cargos y señaló que en su larga trayectoria, más de 25 años, jamás la alcanzó una sospecha de corrupción
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