El sistema de coimas que hizo caer al jefe de Policía: extorsiones a negocios y trapitos

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El expediente por el que ayer fue detenido el jefe de la Policía de la Ciudad, el comisario general José Pedro Potocar, describe con detalles un sistema de recaudación ilegal muy aceitado. Desde el pequeño aporte de comerciantes, “trapitos” y de los mismos agentes que cumplían horas adicionales ficticias, hasta las sumas que supuestamente les tocaban a los mandos superiores.

Potocar quedó detenido ayer luego de que el juez de instrucción Ricardo Farías hiciera lugar al pedido del fiscal José María Campagnoli, que acusó al comisario de ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas en jurisdicción de la comisaría 35° de Núñez. El primer conductor de la flamante Policía de la Ciudad –suspendido desde el sábado– se presentó ayer a las 9.30 en Tribunales, entregó un escrito y fue notificado sobre su arresto. Su abogado Cristian Poletti pidió su excarcelación, habló de “circo mediático” y dijo que su cliente “no tiene vinculación” con los detenidos en la causa. No sirvió de nada.

El circuito ascendente del dinero de las coimas, según el expediente al que accedió Clarín, comenzaba con el dinero que debían pagar los “trapitos” para operar en Núñez y los negocios de la zona a cambio de mayor vigilancia. La “contabilidad” estaba asentada en un cuaderno que el comisario Norberto Villarreal (prófugo desde el 2 de noviembre) tenía en su despacho y que fue secuestrado durante un allanamiento.

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Según la investigación, había al menos dos recaudadores: el sargento Sergio Ríos (“Gusano”, en las anotaciones) y el escribiente Marciano Quiroga (“Cachorro”). Los dos miembros de la brigada de la 35° están detenidos sospechados de ser los cobradores. La lista que figura en el expediente menciona entre los negocios extorsionados al gimnasio Megatlón, los albergues transitorios J&J, El Cisne y Black Jack; los restoranes Rojo y Negro, Tucson, Boutique de Pizzas, Restaurante 2901, La Buena Cocina, Los Díaz, Checho, El Puntal, Besares, La Madonnina, Aires de Campo; los bares Café Barocca, Tienda de Café, Grand Wich; la heladería Chungo; la zapatería Ricky Sarkani; la concesionaria AP Automóviles; un supermercado Carrefour Express Market y hasta el Club Náutico Bouchard.

Como en algunos comercios necesitaban justificar los gastos en coimas, los policías les entregaban recibos a nombre de “Asociación Amigos de la Comisaría 35”. Incluso una heladería asentaba en sus libros contables lo que pagaba en concepto de “Policía Federal”. En esa planilla, que forma parte de las pruebas, se puede ver incluso cómo el pago pasó de $ 2.300 en abril de 2016 a $ 3.000 en mayo de ese año y cómo se mantuvo en esa suma hasta agosto, cuando empezaron los allanamientos. Campagnoli dijo que esa “llamativa lógica” respondería “a un proceso inflacionario”, según el dictamen en el que ordenó la detención de Villarreal, Ríos, Quiroga, el sargento primero Adrián Otero y el cabo Alejandro Malfetano, otros dos de la brigada.

Los cuidacoches tampoco se salvaron del “ajuste”. Según los investigadores, de $ 400 semanales se les pasó a pedir $ 500 para poder “trabajar” cuando había partidos en la cancha de River.

Uno de los subcomisarios que estuvo imputado en la causa (ahora libre por “falta de mérito”), Hernán Kovacevich, declaró el mes pasado que el propio Villarreal había sido puesto en la 35° para “armar algo con los trapitos para cobrarles en los partidos” y “aumentar la cuota mensual”. Ahí aparecen los nombres de la jefa de la circunscripción VII, comisario inspector Susana Aveni (detenida en la cárcel de Ezeiza), y el entonces comisario mayor Potocar, a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC) de la Policía Federal.

Kovacevich dijo que, por negarse a ser parte de la maniobra, sufrió “situaciones de hostigamiento”; entre ellas, cambios “arbitrarios” de horarios y funciones. Según el expediente, otros dos policías denunciaron presiones similares.

Las supuestas anotaciones en el cuaderno de Villarreal sugieren cómo se repartía la “caja”. Por la sigla “DGC” y un 3 al lado, los investigadores creen que Potocar recibía 3.000 pesos mensuales, y que luego esa cifra pasó a “4”, por 4.000. Mientras que por “Zona”, se presume que Aveni recibía “10” y que más adelante, como “Gorda”, pasó a “12”. El aumento sería fruto de la cantidad “reasignada de la que se encontraba destinada a la categoría “SUB”, que hacía referencia a los subcomisarios de la dependencia”, según las palabras del juez Farías.

La tercera vía de ingreso que se investiga son horas adicionales que los agentes de la comisaría 35° nunca trabajaron. Esas horas extras las debía cobrar cada policía en la Circunscripción VII pero, según Kovacevich, Villarreal iba en moto hasta la sede, cobraba por sus tres subcomisarios y luego les “entregaba el dinero con un descuento”. Cuando le preguntaban, el comisario decía que “la Gorda lo apretaba con que le dé más plata”.

Kovacevich agregó que, después del primer allanamiento, una vez nombrado jefe de la Policía, Potocar lo citó a su despacho y le dijo: “Tené cuidado con lo que vas a decir, fijate en la posición que estoy yo ahora”.

Por todo esto, para Campagnoli “ha quedado demostrado que los integrantes de la organización delictiva desarrollaron su actividad sin mayores inconvenientes en virtud de la garantía de impunidad que le otorgaban sus superiores jerárquicos dentro de la estructura policial”. El fiscal agregó en relación a Potocar: “En abuso de su posición de poder (…), brindó una colaboración fundamental sin la cual el desarrollo de este esquema no hubiera sido posible (…). En concreto, no sólo fue connivente frente al funcionamiento de esta estructura, sino que promovió su instauración, brindó la protección que un sistema permanente de corrupción como éste ineludiblemente requiere y lo blindó ante posibles detractores internos a través del uso arbitrario de mecanismos administrativos policiales”.

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