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La Corte Suprema de Justicia de la Nación barrió con uno de los últimos obstáculos que frenaba la realización de un nuevo juicio contra Juan Ignacio Suris por liderar una banda de narcotraficantes.
Con la resolución tomada por el máximo tribunal del país, el amigo de Leonardo Fariña y ex pareja de la vedette Mónica Farro, será sometido a otro proceso, después de haber sido absuelto junto a una decena de personas, en octubre de 2015.
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En aquel momento, se benefició de la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que consideró nulas las escuchas telefónicas presentadas por la fiscalía y que constituían la principal prueba de las maniobras delictivas, detectadas en Bahía Blanca y la región, entre los años 2011 y 2013.
Mientras la mayoría de los miembros de la banda fue liberada, Suris siguió preso, por su vinculación con una causa que lo tiene acusado como líder de una asociación ilícita fiscal, montada sobre la base de la emisión y comercialización de facturas apócrifas.
En julio del año pasado, la cámara de Casación revisó el fallo del tribunal bahiense, avaló la legalidad de las interceptaciones telefónicas y ordenó la realización de un nuevo juicio contra el grupo.
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Contra esa decisión, los abogados de Suris y otros dos de los acusados, Gustavo Sequeira y Alexis Bond Stork, apelaron ante la Corte que con el voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda rechazó sus argumentos por “inadmisibles” y avaló la realización del nuevo juicio.
El debate aún no tiene fecha, pero sí se sabe que el tribunal a cargo no podrá ser el mismo que absolvió a Suris y el resto de los acusados en octubre de 2015.
Ante un nuevo pedido de excarcelación, la semana pasada, el Tribunal Oral Federal Bahiense, dispuso que Suris siguiera preso y lo fundamentó en el temor de que se fugue, ante la situación de que deberá afrontar dos juicios orales en los próximos meses y al antecedente de que estuvo al margen de la justicia a fines de 2013 y principios de 2014, en que fue capturado en el departamento porteño de Farro.
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En relación a la causa por asociación ilícita fiscal, cuyo debate tampoco tiene fecha de inicio, el expediente está abierto a la preparación de la prueba y hasta el momento se solicitó la comparecencia de más de 200 testigos.
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