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Los jueces que liberan violadores son los mismos que regalan la posibilidad de salir a robar y a matar con casa y comida asegurada. Y, como buenos cristianos, lo hacen sin mirar a quién.
Algo más de seis años atrás, Cristian Agustín “Pepo” Flores Michel fue detenido por dos casos de robo calificado por el uso de armas. Poco después, el Tribunal Oral N° 3 de Quilmes lo condenó a una pena unificada de 7 años y 6 meses de prisión y lo declaró “reincidente”, una calificación que en teoría le impedía obtener la libertad condicional. Sin embargo, en 2016 el juez de Ejecución Penal N° 2 de ese mismo partido, Federico Merlini, le concedió el beneficio de las “salidas transitorias de la cárcel”.
El último domingo, como todos los domingos del último año, “Pepo” Flores Michel salió a las 14 por la puerta principal de la Unidad 42 de Florencio Varela. No estaba alojado en los pabellones comunes, sino que tiempo atrás le habían dado el beneficio de vivir en las “casitas” -pequeñas edificaciones de seis camas, cocina y jardín- que hay en la Unidad. Tenía 30 horas para volver a presentarse allí, ya que si bien el permiso de salidas era por 24, las autoridades habían decidido contemplarle el tiempo que le insumía el viaje de ida y vuelta hasta su casa del barrio Once (en “El Pato”, Berazategui).
El lunes, como todos los lunes, “Pepo” Flores regresó a las 20 al penal.
En el medio había asesinado a un policía.
Algo más de seis años atrás, José “Chury” Zurita empezó a trabajar como catequista. Antes había sido, también, misionero en una iglesia de la zona de Ezpeleta. Pero la plata no le alcanzaba y, guiado por su vocación de servicio, en 2016 decidió ingresar a la Policía Local de Quilmes. “Todo lo hago por ellas”, solía repetirles a sus compañeros. “Ellas” son su mujer y su hijita, que ayer en lugar de festejar sus 6 años tuvo que ir al cementerio de Quilmes a sepultar a su papá.
En la noche del último domingo, alrededor de las 20.30, el agente Zurita esperaba el colectivo en Ezpeleta para volver a su casa cuando entre dos y tres ladrones decidieron robarle el arma. El policía, que estaba de uniforme, quiso refugiarse en un supermercado. No le dieron chance: le dispararon ocho tiros y le acertaron cuatro, la mayoría por la espalda. Tenía 27 años. Uno de los asesinos, cree la Justicia, era “Pepo” Flores.
Como ocurrió con el autor del crimen de Micaela García, “Pepo” debería haber estado preso.
El juez Merlini, quien liberó a “Pepo”, no hizo comentarios aún sobre las consecuencias de su decisión. En 2012, cuando su colega Axel López quedó en la mira por haber liberado al abusador que meses después violó y asesinó a Tatiana Kolodziey, le había dicho a radio Vorterix: “Conociendo a Axel López, estoy seguro que obró bien”.
juez Federico Merlini
Además de ser concedidas sin grandes escrúpulos, las salidas transitorias de prisión son una de las mayores fábricas de prófugos de la Argentina. En 2016, sólo en la provincia de Buenos Aires, 283 presos condenados se fueron de las cárceles gracias a salidas transitorias otorgadas por jueces y jamás regresaron. En lo que va de este año, los detenidos que dejaron prisión con estos beneficios -y nunca volvieron– ya suman 74.
Este agujero negro se repite en otras jurisdicciones. En la provincia de Santa Fe, atormentada por la violencia, en 2016 hubo 204 presos que se fueron de las cárceles con salidas transitorias y no regresaron. En lo que va de 2017, la cifra de detenidos que lograron su pasaporte legal a la libertad -y lo quebrantaron- ya llega a 46, un 64% más que en igual período del año pasado. El criterio de los jueces santafesinos anda flojo: el promedio indica que la mitad de los que obtienen este beneficio lo violan.
Sólo en Rosario el año pasado la Policía detuvo a 67 presos que estaban prófugos tras haber quebrantado sus salidas transitorias. Delincuentes a los que, por obra de algún juez, los agentes tuvieron que arrestar dos veces: cuando delinquieron y cuando los dejaron salir y no volvieron.
En noviembre del año pasado, el Gobierno de Santa Fe emitió el decreto 4127/16 mediante el cual endurecía las condiciones para obtener estos beneficios en casos de reincidentes y condenados por delitos aberrantes. Había una conmoción social: Ricardo Albertengo, condenado a 37 años de prisión por homicidio, robo y toma de rehenes, había obtenido salidas transitorias en julio de 2015 y a los 9 meses mató a un policía en Rosario.
Pero el decreto no prosperó. La jueza Sandra Valenti lo declaró inconstitucional: “No pueden excluirse o afectarse derechos de personas por su calidad o por haber cometido determinados delitos graves, pues no sólo afecta el prinicipio de resocialización sino el de igualdad”, escribió.
El problema es nacional. El Senado tiene ahora la oportunidad de modificar la ley para que los condenados por homicidios, robos con armas de fuego y violaciones no puedan gozar de salidas transitorias ni de libertad condicional. Debería haberlo hecho en diciembre, pero motines carcelarios asustaron a los legisladores.
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