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Después que el juez Claudio Bonadio la procesó por asociación ilícita, lavado de dinero y negocios incompatibles, sosteniendo que junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner integraron “una banda” para delinquir, la ex Presidenta apeló la medida judicial que incluye un embargo de 130 millones de pesos. A su vez, apelaron el diputado de La Cámpora, si hermana, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner) y el contador Víctor Manzanares. Todos ellos representados por el abogado Carlos Beraldi.
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Dentro de los tres días correspondientes, Cristina Kirchner y sus hijos, apelaron el procesamiento del juez Bonadio en la causa Los Sauces SA, la inmobiliaria familiar que tuvo entre sus principales inquilinos a los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes garantizaron el 86% de la facturación de la firma entre 2009 y 2015. En dinero, significó un ingreso asegurado de unos 25 millones de pesos.
La causa inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN) que desde un comienzo señaló que Los Sauces SA no cumplía funciones comerciales, sino que era “una pantalla para el pago de retornos por parte de los empresarios amigos”.
La ex Presidenta y sus hijos, fueron señalados por Bonadio como “jefes de una banda”, responsables de “impartir las directivas de esta organización delictiva” con el objeto de percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita”. La empresa se creó el 7 de noviembre de 2006, crearon la inmobiliaria “con el objeto de percibir los retornos en forma de alquileres de distintas propiedades que fueron ingresadas como aportes irrevocables o adquiridas, ya sea con dinero de la firma o por alguno de sus socios”. Los únicos inmuebles de la empresa fueron adquiridos por aportes irrevocable de sus principales socios.
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Cristina Kirchner señaló en un escrito técnico que había “falta de fundamentación fáctica y jurídica” en el fallo del juez y en consecuencia, solicitó al igual que sus hijos, la nulidad de la decisión. Conjuntamente, rechazaron los embargos que fueron de 130 millones de pesos para la ex Mandataria y Máximo Kirchner, mientras que a Florencia se le trabó un embargo de 100 millones de pesos.
“Es un disparate hablar de jefes de una banda”, señalaron a Clarín desde la defensa de la ex Presidenta. Irónica y utilizando las redes sociales, ya había expuesto que la única “banda” que tuvo fue la de la presidencia de la Nación “que el pueblo me otorgó” y en ese mensaje habló de una “vergonzosa persecución”.
En esta causa quedaron procesados por Asociación ilícita el empresario preso hace un año por lavado de dinero, Lázaro Báez con un embargo de 130 millones de pesos y sus hijos Martín, Luciana y Leandro con embargos de 20 y 10 millones de pesos. También Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa con embargos de 100 millones de pesos cada uno.
En la lista de los 21 procesados por Bonadio se encuentra la sobrina de la ex Presidenta, el contador Víctor Manzanares, el contador de Báez Claudio Bustos, apoderados del grupo Austral y cuatro escribanos que intervinieron en las diferentes operaciones realizadas por Los Sauces SA. También Osvaldo Sanfelice, mano derecha de los Kirchner quedó procesado y embargado en 130 millones de pesos.
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