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La AFIP realizó hoy 20 allanamientos para desactivar a una organización que defraudó al fisco por $ 1.000 millones mediante el uso de facturas truchas. Entre los usuarios de las facturas hay empresas bingueras, además del sindicato de gastronómicos de Luis Barrionuevo y las universidades de San Martín y Tres de Febrero. El rector de esta última, Aníbal Jozami, afirmó: “No tenemos ningún vínculo con facturas apócrifas”.
La AFIP detectó operaciones con facturas truchas por $ 1.000 millones
“Nos tomó totalmente por sorpresa. Rápidamente me comuniqué con el Juzgado y nos pusimos totalmente a sus órdenes, que todo lo que necesitaran se los íbamos a enviar. Nos explicaron que era un tema que excedía totalmente a la universidad”, afirmó Jozami, en el programa radial “Va de vuelta”, (Radio Nacional AM870).
Agregó: “Una de las empresas, a las que nosotros le comprábamos los materiales, nos dio facturas válidas. Nos fijamos y la empresa no figura en el registro de empresas interdictas por AFIP. Tenía el comprobante de la AFIP. Nos dio facturas válidas.
Jozami insistió: “Aparentemente es una empresa que trabajó para la universidad que tendría irregularidades en otras facetas de su actividad, lo que está investigando el Juzgado. Ellos me dijeron que era un tema donde nosotros no somos protagonistas, simplemente están buscando información para saber cómo es el mapa”.
Sobre el comunicado de la AFIP en el que menciona a la Universidad de Tres de Febrero como uno de los usuarios de las facturas, se quejó: “Es una barbaridad. Y si la AFIP lo hizo vamos a hacerle juicio. Si hay perjudicados por la AFIP somos nosotros. Nosotros pedimos certificación de validez fiscal de las facturas y cada factura que vino estaba con el certificado de validez fiscal. Acá hay una falta de vigilancia y de coordinación por parte de la AFIP”.
Y concluyó: “Jamás hemos recibidos facturas apócrifas”.
Más temprano, la AFIP informó que ” buscan recabar las pruebas de la defraudación y evasión cometida por los contribuyentes usuarios de los documentos que utilizaron este servicio”. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, de Sandra Arroyo Salgado.
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