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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) salió en defensa de los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionados por haber avalado la reducción e la pena de un represor de la dictadura.
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“Las solicitudes de juicio político y denuncia penal a los referidos magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, más allá del acierto o error de éstos, implican una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional“, dijo la entidad a través de un comunicado firmado por su presidenta, María Lilia Gómez Cordero, y su vicepresidente, Néstor Costabel.
Aunque no los mencionó por sus nombres y sólo habló de “integrantes de la Corte Suprema”, la declaración de la AMFJN es en obvio respaldo a Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton.
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La entidad recordó a través de sus máximas autoridades que “la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”.
“Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias, nuestra Asociación los defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana”, concluyó el comunicado.
Los tres magistrados del máximo tribunal afrontan una denuncia penal en manos del juez federal Daniel Rafecas y con una imputación del fiscal Guillermo Marijuán, además de varias peticiones de juicio político en la Cámara de Diputados.
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