La titular de Justicia Legítima dice que algunos jueces de la Corte "deben renunciar" tras el 2×1

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La presidenta de la agrupación judicial kirchnerista “Justicia Legítima” y jueza de la Cámara de Casación porteña, María Laura Garrigós de Rébori, afirmó que “no está bien la permanencia en la Corte” Suprema de Justicia de “algunos” de los tres jueces que beneficiaron con el cómputo de dos por uno de su condena al represor Luis Muiña.

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Garrigós evaluó que el fallo “fue un error jurídico y político” y sostuvo que los jueces que lo firmaron “se han equivocado largamente. Han perdido conexión con la realidad porque el juez tiene que hacer una interpretación acorde a la realidad de la sociedad en la que vive“.

“El doctor (Carlos) Rosenkrantz, para mí, claramente, vino a la Corte para hacer esto porque es su postura y lo había expresado previamente”, disparó la vocal de la Sala Uno de la Cámara Nacional de Casación de la ciudad de Buenos Aires.

La magistrada opinó de otro juez supremo, Horacio Rosatti, que “todo el mundo sabe quién es” porque “integró el gobierno anterior” -ministro de Justicia y Procurador del Tesoro en la Presidencia de Néstor Kirchner- y “fue intendente de la ciudad de Santa Fe” por el justicialismo, de 1995 a 1999.

En cuanto a la jueza Elena Highton de Nolasco, la camarista comentó que “a lo mejor hay algún malestar” por lo cual solicitó una licencia, aunque a la vez sostuvo que “es una persona que tiene algunos problemas de salud y estuvo internada” . También recordó que Highton suele guardar días de licencia para visitar a su familia que vive en el exterior”.

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Garrigós de Rébori consideró que “es muy probable” que las aprobaciones en el Senado de los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti como jueces de la Corte “han sido parte de una negociación” entre el Gobierno nacional que los propuso y los senadores justicialistas.

“No estaban ignorando a quienes nombraban” dijo en declaraciones a radio La Red y agregó que lo sabían porque “ningún juez llega a la Corte sin haber expresado sus convicciones ya que el Poder Ejecutivo lo propone y el Senado le pregunta”.

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