La delegación argentina expuso sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, para solicitar medidas que impidan el avance del proyecto Sea Lion. La iniciativa apunta a detener las actividades de las empresas que buscan extraer hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, mientras continúa la disputa de soberanía con el Reino Unido.
La Argentina inició este martes una instancia judicial internacional para intentar impedir que el Reino Unido avance con la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El reclamo fue presentado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, donde representantes del Gobierno nacional solicitaron la aplicación de medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion.
Las audiencias comenzaron este 10 de noviembre y continuarán durante el miércoles. Se trata de una instancia inédita en la que el país lleva al Reino Unido ante este organismo internacional por una controversia vinculada con la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos cuya soberanía reclama la Argentina.
El proyecto cuestionado es impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Según las previsiones de las empresas, las perforaciones comenzarían en 2027 y la producción comercial podría concretarse a partir de 2028.
La presentación argentina busca que el Tribunal ordene detener las actividades vinculadas con la extracción de hidrocarburos, impida el otorgamiento de nuevas autorizaciones para operar en la zona y establezca medidas para preservar tanto los derechos soberanos argentinos como el medio ambiente marino.
Los argumentos argentinos ante el Tribunal del Mar
La delegación nacional fundamentó su reclamo en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), particularmente en el artículo 290, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales cuando existe una situación de urgencia y se busca evitar daños graves o preservar los derechos de las partes involucradas en una controversia.
El pedido había sido formalizado el 13 de octubre, en el marco del procedimiento arbitral iniciado por la Argentina contra el Reino Unido el 28 de septiembre.
Uno de los principales argumentos de la defensa sostiene que la explotación de hidrocarburos podría generar consecuencias irreversibles. La extracción de petróleo implica la utilización de recursos naturales no renovables que, una vez retirados de la plataforma continental, no podrían recuperarse mediante una eventual resolución favorable a los intereses argentinos.
Además, el país sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido profundizan una controversia de soberanía que continúa pendiente de resolución.
En ese sentido, la posición argentina también se apoya en distintas resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa entre ambos países por las Islas Malvinas e instan a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
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Otro eje de la presentación está relacionado con la protección ambiental. La delegación invocó las disposiciones de la CONVEMAR que establecen obligaciones para los Estados en materia de preservación del medio marino y prevención de la contaminación.
Quiénes integran la delegación argentina
La representación nacional está encabezada por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. También participan el embajador Mario Oyarzábal, quien interviene como agente argentino ante el Tribunal; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania.
El equipo cuenta además con especialistas en derecho internacional, entre ellos Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar. También participan Nico Schrijver y Agustín Giustiniani, con trayectoria académica y profesional en el ámbito de las controversias internacionales.
De acuerdo con el cronograma establecido, la Argentina realizó su primera exposición durante la mañana de este martes, mientras que la representación británica tiene asignado el turno de la tarde. El miércoles se desarrollará una segunda ronda de intervenciones y preguntas.
Las presentaciones se realizan en inglés o francés y pueden seguirse mediante la transmisión en vivo disponible en el sitio oficial del Tribunal.
Qué puede resolver el Tribunal y cuál es la postura británica
La instancia de Hamburgo tiene como objetivo analizar el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina. No implica que el organismo vaya a resolver en esta etapa la cuestión de fondo sobre la soberanía de las islas, sino que deberá determinar si corresponde adoptar medidas urgentes mientras avanza el procedimiento arbitral.
El Gobierno argentino espera que el Tribunal ordene suspender las actividades vinculadas con Sea Lion y que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan profundizar la controversia.
Por su parte, el Gobierno británico cuestiona la presentación argentina y sostiene que las licencias otorgadas para desarrollar los proyectos petroleros mantienen su validez. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó que el reclamo no modifica las facultades regulatorias que Londres atribuye a las autoridades de las islas ni obliga a suspender las autorizaciones existentes.
Tras las audiencias, se espera que el Tribunal emita una decisión en las semanas siguientes. Entre los escenarios posibles se encuentran la aceptación total o parcial de las medidas solicitadas por la Argentina o el rechazo del pedido.
En cualquiera de esos casos, el procedimiento arbitral continuará y el país podrá sostener su reclamo por las vías jurídicas y diplomáticas correspondientes.
La presentación ante el Tribunal del Mar se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno nacional para cuestionar la explotación de recursos naturales en las áreas marítimas en disputa y reafirmar los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
