El Poder Ejecutivo dejó sin efecto las modificaciones del Decreto 690/2026 que alteraban el régimen de practicaje. Los prestadores del servicio levantaron la medida de fuerza tras acordar una baja del 20% en las tarifas y la creación de una mesa de trabajo.
Los prestadores del servicio de practicaje y pilotaje de los ríos, puertos y canales del país lograron frenar la reforma oficial luego de concretar un paro de cuatro días que paralizó la actividad fluvial. El Gobierno nacional oficializó la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026, la normativa que desató el conflicto y que generó pérdidas millonarias para el comercio exterior argentino.
La resolución del conflicto llegó de la mano de un repliegue de la administración central, que debió convocar a los trabajadores y empresarios del sector para destrabar la situación. Con la firma de la nueva medida, el Ejecutivo restableció de forma temporal las normas anteriores que regulaban la actividad y abrió una instancia de diálogo directo con los protagonistas del sistema portuario.
Mesa de trabajo y retroceso oficial
La negociación que destrabó la parálisis portuaria incluyó un compromiso concreto por parte de los operadores del servicio. Según explicaron fuentes del sector, el Gobierno acordó con los prácticos: “una baja del 20% en las tarifas” a cambio de dejar sin efecto la polémica desregulación que intentaba imponer el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El desplazamiento de Federico Sturzenegger de la mesa de negociación resultó clave para destrabar el conflicto. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumió la conducción de las tratativas y selló el acuerdo que devolvió la actividad a las terminales fluviales. El nuevo decreto establece la creación de una mesa de trabajo conjunta para redactar una reglamentación consensuada, lo que garantiza que los trabajadores mantendrán el esquema previo mientras duren las negociaciones.
