Ruta del dinero K: Sebastián Casanello rechazó indagar a Cristina Kirchner y Julio De Vido

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El juez federal Sebastián Casanello rechazó anoche el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de llamar a declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros, en la causa de la ruta del dinero K, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

En una resolución, Casanello sostuvo que la ex presidente y el resto de los ex funcionarios ya están indagados y procesados por asociación ilícita en la causa por las irregularidades en la concesión de la obra pública que lleva el juez Julián Ercolini y no se puede incurrir en doble juzgamiento.

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“El riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto el pedido supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado”, agregó Casanello en alusión a Ercolini.

Casanello coincidió con la UIF en que una banda “se encuentra destinada a cometer delitos indeterminados con lo cual mal puede pretenderse que existan dos asociaciones distintas pero integradas por las mismas personas en un mismo periodo temporal. Es claro que en este caso estamos hablando de una misma asociación”. Y, además, el dictamen fiscal Guillermo Marijuan al que alude la UIF “no contiene solicitudes de indagatorias ni describe siquiera aquéllas conductas ni coincide en el listado de imputados”. En otras palabras, la información que llegó de las cuentas en Suiza no incluyó, hasta ahora, ningún dato que conecte a Cristina con esa plata negra.

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A partir de principios de mayo, Casanello va indagar a Báez y sus hijos, entre otros, “especificando de modo explícito que el dinero lavado es producto de las ganancias ilícitas obtenidas de la obra pública adjudicada a través de actos de corrupción y en el marco de la asociación ilícita acreditada por el juez Ercolini”, explicaron las fuentes judiciales.

El pedido de la UIF incluye la ampliación de la indagatoria con prisión preventiva de los cuatro hijos de Lázaro Báez y del ex esposo de Iliana Calabró, Fabián Rossi, pero Casanello aún no se expidió sobre esta otra parte de la solicitud de la UIF que dirige Mariano Federici.

El pedido de indagatoria del organismo antilavado también incluye al ex secretario de Obra Pública, José López, al ex coordinador de la obra pública y primo de Néstor, Carlos Santiago Kirchner, y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros. Ahora, no serán indagados por Casanello por las mismas razones que Cristina y De Vido.

Como la sala II de la Cámara Federal porteña ordenó, dos veces, a Casanello investigar el rol de la ex presidenta en el destino de los 3 mil millones de dólares que le dio su gobierno y el de Néstor Kirchner a la empresa Austral, Federici había pedido indagar también a las máximas autoridades políticas de la época. En otras palabras, a través de la obra pública, Néstor y Cristina le otorgaron esa plata que Lázaro Báez, luego, fugó a Suiza, entre otros países. La UIF considera que Cristina y sus funcionarios fueron el primer eslabón de una cadena de lavado organizada por una asociación ilícita. Cristina ya tiene tres procesamientos en las causas dólar futuro, redireccionamiento de la obra púbica y Los Sauces.

En mayo del año pasado, ese tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa de la ruta del dinero K y ordenó investigar las “íntimas” relaciones comerciales y societarias del empresario con Cristina Kirchner. Este año, la misma cámara frenó el envió de la causa a juicio oral a la espera de que llegara la información oficial de Suiza y volvió a indicar que se debía investigar la relación entre el lavado y las concesiones de obra pública a Báez que llegaron, en total, a unos 3 mil millones de dólares. Según las fuentes, el escrito de la UIF también pide la ampliación de la declaración de Báez con detención de sus hijos por la información que mandó Suiza la semana pasada, confirmando que tiene una cuenta a nombre de la fundación Kinsky con 25 millones de dólares, entre otras operaciones.

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