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La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, elogió la decisión del presidente Mauricio Macri de poner en marcha un procedimiento para regular los eventuales conflictos de intereses, y acusó sin nombrarlo al diputado nacional kirchnerista y abogado Héctor Recalde, por “votar leyes” sobre derechos del trabajo mientras “mantiene su estudio de abogados abierto”.
Tras los decretos de Macri, ahora buscan regular por ley los conflictos de intereses
“Celebro que el presidente haya puesto este tema en debate, porque fui seis años diputada, hasta el 2015, y nunca se habló de ética pública“, afirmó esta noche la funcionaria, en una entrevista con el programa Código Político, de Todo Noticias. Y resaltó que la normativa firmada por Macri también deberá ser observada por los jueces y los legisladores.
Héctor Recalde, diputado nacional y abogado laboralista, cuestionado por Laura Alonso por su doble condición simultánea.
Laura Alonso advirtió que “hay muchos diputados y senadores que legislan, que votan leyes, en abiertos conflictos de intereses, y nunca dicen ‘voto esta ley mientras tengo estas empresas o mantengo mi estudio de abogados abierto y facturo‘”. Al ser consultada sobre a quién se refería, respondió: “¿Quién propuso 400 reformas a la ley de Contrato de Trabajo y tiene un estudio de abogados abierto?“. Ante esa frase, los periodistas Julio Blanck y Eduardo van der Kooy dijeron que se trataba de “Héctor Recalde” y la funcionaria asintió, aunque sin nombrarlo.
Mauricio Macri firmó los decretos para regular los conflictos de intereses
“Las instituciones argentinas fueron demolidas. Estamos tratando de mejorar la reputación de la Argentina”, afirmó y luego advirtió que los decretos que regulan los conflictos de intereses “no son sólo del Ejecutivo, legisladores y jueces, a ellos, les cabe la misma ley de ética pública”.
“No puede haber dudas de la función de nadie en la función pública. La ética judicial también tiene que existir y regular, por ejemplo, la política de obsequio: hay jueces que viajan por el mundo financiados por terceros desconcidos. Un proveedor del Estado no puede invitar al ministro del área al que está prestando servicios. Estos preceptos lo tienen que cumplir todos los funcionarios, así todos miramos todos”
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