La medida alcanza a más de 135 personas que viven y producen en terrenos de la colonia Picada Mandarina, donde existe un conflicto judicial por la propiedad desde 2016. La ley permitirá al Estado provincial intervenir en la adquisición de los inmuebles y avanzar en su posterior adjudicación a las familias.
La Cámara de Representantes de Misiones sancionó una ley que declara de utilidad pública y sujetas a compraventa y expropiación 537 hectáreas ubicadas en la colonia Picada Mandarina, en El Soberbio, con el objetivo de avanzar en la regularización dominial de los terrenos ocupados por 31 familias agricultoras.
La decisión legislativa busca dar una respuesta a la situación de más de 135 personas que residen y trabajan en los lotes A y B, en el departamento Guaraní, y que enfrentan un conflicto por la titularidad de las tierras. Sobre esos inmuebles existe un proceso judicial de desalojo iniciado en 2016.
La norma surgió de la unificación de proyectos impulsados por la exdiputada Elsa Novoa y los legisladores Cristian Castro y Roque Soboczinski, quienes plantearon la necesidad de establecer un mecanismo legal para atender la situación habitacional y productiva de las familias.
Entre los fundamentos de su iniciativa, Castro sostuvo que los ocupantes mantienen una posesión pública, pacífica y continua de los terrenos, donde construyeron viviendas, galpones e iglesias, además de desarrollar actividades agrícolas que constituyen su principal sustento.
El diputado también recordó que el Concejo Deliberante de El Soberbio aprobó la Ordenanza 13/25, mediante la cual declaró de utilidad pública los lotes involucrados y solicitó la intervención de la Legislatura provincial para avanzar en una solución.
Según explicó, la expropiación constituye una herramienta jurídica para abordar el conflicto entre la titularidad registral de los inmuebles y su utilización habitacional y productiva, contemplando también el resarcimiento que corresponda a los propietarios.
Por su parte, Soboczinski hizo hincapié en la situación social de los ocupantes, quienes residen en el lugar desde hace décadas y permanecen expuestos a un eventual desalojo. En particular, señaló la necesidad de considerar la situación de niños, personas mayores y otros integrantes de las familias que podrían quedar en condiciones de vulnerabilidad si perdieran sus viviendas.
Cómo será el proceso de regularización de las tierras
La legislación establece que, una vez adquiridos los inmuebles por el Estado provincial, se podrán realizar las tareas de urbanización correspondientes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
Posteriormente, los terrenos podrán ser transferidos a título oneroso a los beneficiarios debidamente censados y legitimados, mediante los procedimientos previstos para su adjudicación.
Durante el tratamiento parlamentario, el diputado Enio Lemes, quien actuó como miembro informante, explicó que la iniciativa proporciona un marco legal para que la Provincia intervenga en la situación de los inmuebles y avance en una solución para quienes los habitan y trabajan desde hace años.
El legislador remarcó que el procedimiento deberá desarrollarse de manera ordenada, con la identificación de las familias que acrediten las condiciones exigidas y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la adquisición de los terrenos.
