Mediante el trabajo de profesionales y el acompañamiento legislativo, se impulsa en la Cámara de Representantes un proyecto que busca conformar un Colegio de Educación Especial en Misiones. La idea persigue el principal objetivo de reorganizar y ordenar una profesión de sobremanera delicada, sobre todo teniendo en cuenta el desempeño en los ámbitos privados.
Con el impulso de la diputada Claudia Gauto y el acompañamiento de todos los legisladores, la iniciativa tomó estado parlamentario en la primera sesión ordinaria de este año y se trabajará en comisión.
Esto se da en el marco de un fuerte impulso nacional y provincial a la inclusión de personas con discapacidad.
Cabe destacar además que este año ha sido instituido por la Cámara de Representantes como “Año de las personas con discapacidad, por una sociedad inclusiva e integrada”.
De acuerdo a lo que indica la normativa en estudio, el Colegio estaría compuesto por “los profesionales con título de grado o posgrado, los profesores de Educación Especial, profesores de Educación Diferenciada y/o títulos equivalentes que fueran considerados oportunamente por la reglamentación o Asamblea de Colegiados, que estuvieren inscriptos, ejercieren su profesión y tengan su domicilio real en la provincia de Misiones”.
Fabiana Silva es profesional de educación especial y trabaja en el ámbito público y privado. Junto a Amanda Alsina y Liz Samudio fueron las redactoras e impulsoras del proyecto que pretende “regular la profesión en Misiones”.
“Quienes ejercen en escuelas públicas están regulados por el Consejo General de Educación pero los ámbitos privados no tienen una regulación, no hay un control de quienes ejercen, si tienen título o no, cuánto cobran y otras especificaciones que hacen a la labor diaria”, indicó Silva a El Territorio.
Hay que tener en cuenta además que la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) posee una de las pocas carreras universitarias de esta especialidad que se encuentran en el país.
Nuevos paradigmas
Silva relató que “es necesario este proyecto porque estamos en un nuevo paradigma de inclusión y comienzan a darse situaciones en todos los ámbitos que antes sólo se veían en la educación, es necesario el acompañamiento, y promover el acceso de las personas con discapacidad a todos los espacios”.
Por este motivo, se refirió específicamente a las personas que ejercen la profesión sin contar con el título que lo avale.
“Entendemos que quizás hay acompañantes terapéuticos o personas de otras profesiones que hacen ese trabajo y quizás lo hacen bien, pero también debemos defender que existe una carrera, se estudia y es una profesión muy sensible, para lo cual hay que tener los conocimientos adecuados y por eso queremos tener un marco”, manifestó.
Asimismo, relató que una colegiatura ayudaría a graduar la cuestión de precios y formas de servicios, que hoy se encuentran sin ninguna regulación.
“Hay casos donde un profesional cobra por un servicio una suma descabellada, pero nadie puede regular eso porque no hay una ley que lo diga. La persona que contrata ese servicio quizás no sabe que el valor es muy alto y termina abonando algo exagerado”, manifestó.
Al mismo tiempo, dijo que también servirá para el trabajo con obras sociales. “No sabemos cuánto facturan ellos, cuánto pagan y no hay nada claro en ese sentido”, añadió.
Y concluyó: “La profesión debe ser considerada al tratar con niños, y con la singularidad de cada uno de ellos, es un área muy compleja de abordar”.
Presentaron el Plan Nacional de Discapacidad
El último viernes, el presidente Mauricio Macri presentó el nuevo Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019.
El objetivo es “lograr que las personas con discapacidad tengan un proyecto de vida independiente, y posean sus derechos garantizados en materia de salud, educación, empleo y accesibilidad”.
Para eso, el trabajo se basará en tres ejes: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario que buscan la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, atiendan las problemáticas individuales e involucren a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, según se informó oficialmente.
Se estima que entre un 13 y un 15% de la población de la Argentina tiene algún tipo de discapacidad.
