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El Gobierno dio un nuevo paso para transparentar la cadena yerbatera. El laudo del Ministerio de Agroindustria propuso que el precio del kilo de hoja verde de yerba mate sea de $ 6,012 y la “canchada” $ 22,202, lo que implica aumentos interanuales del 24 % y el 23%, respectivamente.
El conflicto en torno al precio de la yerba, que tuvo su pico en la movilización a Plaza de Mayo en Buenos Aires y en la toma de la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) en Posadas (Misiones), logró destrabarse a mediados de marzo, a partir de la mediación del Ministerio de Agroindustria, con un conjunto de medidas que buscan mejorar la difícil situación de los pequeños productores.
El reclamo comenzó porque se denunció que en muchos casos la industria yerbatera no estaba pagando el precio acordado hasta ese momento (5,10 pesos por el kilo de yerba verde, que ahora se eleva a algo más de $ 6) a los productores.
“Con esta decisión, el Estado continúa reforzando el trabajo que viene desarrollando con Inym, los productores y los gobiernos provinciales para transparentar la cadena, tener un mayor control y mejorar la calidad de la yerba”, destacaron desde el ministerio.
La definición del precio por laudo, se suma a diferentes medidas que se están tomando para que todos las etapas, desde la producción hasta la comercialización, se fortalezcan, y agreguen valor con sustentabilidad y competitividad, con el objetivo de transparentar la cadena, tener un mayor control y mejorar la calidad de la yerba.
Entre otras medidas, se acordó la modificación del artículo 1.194 del capítulo XV del Código Alimentario Argentino, que contempla la incorporación del método de fibra cruda para determinar qué cantidad de palo se encuentra en la fracción que pasa por el tamiz n° 40, de acuerdo a la norma IRAM 20511, con el fin de mejorar la calidad del producto.
Otra de las medidas es un proyecto de acuerdo que firmará la Dirección Nacional de Rentas, en representación de Misiones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Subsecretaria de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) por la Nación y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), para fiscalizar toda la cadena de la yerba mate y ver que efectivamente se cumplan los precios fijados por ley y se evite la evasión impositiva.
Se contempla también la implementación de un mecanismo de financiamiento para la compra de materia prima, destinada a operadores secaderos que cumplan con los requisitos que a tales efectos se establezcan, por un monto de $ 200 millones, en el que el Inym a través de reasignaciones presupuestarias reconocerá el 100% del interés de las operaciones a 180 días, y el 50% de interés en caso de renovaciones.
También, desde el gobierno de la provincia de Misiones, en conjunto con el Estado Nacional, aportarán un fondo de garantía; se implementará un plan para el sector yerbatero a efectos de la utilización de los fondos del Fondagro, siendo los beneficiarios los pequeños productores.
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