El Plan Remediar fue creado en 2002, en medio de una profunda crisis socioeconómica, con el objetivo de asegurar la provisión gratuita de fármacos esenciales a través de centros de atención primaria. Durante más de dos décadas, distribuyó botiquines en todo el territorio nacional, beneficiando especialmente a personas sin cobertura médica y generando ahorro estatal mediante la compra centralizada.
Las centrales sindicales denunciaron el desfinanciamiento, por parte del Gobierno Nacional, del Plan Remediar -que rige desde 2002-, y convocaron a una campaña nacional para exigir la restitución de recursos y garantizar el acceso sin costo a medicamentos esenciales.
Las CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma expresaron su “más enérgico rechazo” ante el vaciamiento y posible cierre del Plan Remediar, al que consideran una política pública clave para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el país.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones advirtieron que la medida, enmarcada en un contexto de ajuste, “constituye un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de personas que dependen de la salud pública”. Subrayaron además que el acceso a los medicamentos “es un derecho y no un negocio”.
El Plan Remediar fue creado en 2002, en medio de una crisis socioeconómica, con el objetivo de asegurar la provisión de fármacos esenciales sin costo a través de centros de atención primaria de la salud (Caps). Durante más de dos décadas, distribuyó botiquines en todo el territorio nacional, beneficiando especialmente a personas sin cobertura médica y generando ahorro estatal mediante la compra centralizada.
Las consecuencias del desfinanciamiento de Nación
En este contexto, las centrales sindicales denunciaron que el actual desfinanciamiento ya tiene consecuencias concretas: recortes en el vademécum, demoras en la entrega de insumos y la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y asma. Según señalaron, esta situación incrementa las internaciones evitables y sobrecarga hospitales públicos que ya se encuentran saturados.
“El cierre definitivo del Plan Remediar profundizaría la desigualdad y dejaría el derecho a la salud condicionado a la capacidad de pago”, alertaron las CTA, que calificaron la medida como un caso de “crueldad institucionalizada”.
Finalmente, convocaron a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales y gremiales a defender el acceso a los medicamentos y anunciaron el lanzamiento de una campaña nacional en defensa del programa, reclamando la restitución urgente del presupuesto necesario para garantizar el derecho constitucional a la salud.
