El Gobierno nacional dispuso la eliminación de la «triangulación» en el sistema de salud, permitiendo que los trabajadores en relación de dependencia envíen sus aportes directamente a las prepagas sin necesidad de pasar por una obra social como intermediaria.
La medida, oficializada a través de la Resolución 1/2025 del Ministerio de Salud, afecta a 1.400.000 afiliados y busca «transparentar» el sistema y reducir costos. Los beneficiarios contarán con 60 días para elegir si continúan con su prepaga o vuelven a una obra social.
La resolución publicada en el Boletín Oficial establece que los trabajadores que optaban por una empresa de medicina privada ya no estarán obligados a derivar una fracción de sus aportes a una obra social. Hasta ahora, estas entidades actuaban como intermediarias y retenían un porcentaje del dinero, en algunos casos sin prestar servicios de salud reales. Según fuentes oficiales, esta práctica generó la proliferación de más de 20 «sellos de goma» que solo administraban fondos sin estructura sanitaria propia.
El ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó que la medida representa «el fin de un curro histórico», permitiendo que los trabajadores destinen el 9% de sus ingresos (3% del salario y 6% del empleador) de forma directa a la prepaga de su elección. «El beneficiario ahora tendrá acceso directo a los servicios de salud sin intermediaciones que encarecen y distorsionan el sistema», indicaron desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo encargado de implementar la resolución.
Desde la SSS también detallaron que cinco empresas de medicina privada eran las principales receptoras de afiliados que «triangulaban» con obras sociales de baja actividad. En este contexto, citaron casos como OSCNA (Comisarios Navales), con solo cuatro empleados para 161.000 afiliados, y OSSDEB (Serenos de Buques), que con ocho empleados administraba los aportes de 60.000 personas.
El Gobierno espera que la eliminación de esta intermediación contribuya a reducir los costos de las prepagas. «Con menos burocracia, el objetivo es que las cuotas no solo no suban, sino que en algunos casos incluso bajen», afirmaron fuentes oficiales. Además, aseguraron que esta medida forma parte de un plan de desregulación del sistema de salud iniciado con el Decreto 70/2023, que ya había permitido a los trabajadores realizar el trámite para eliminar la intermediación a través de la web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque hasta el momento pocos lo habían hecho.
La nueva regulación también establece que todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados con aportes de la seguridad social deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud. Asimismo, fija un aporte uniforme del 15% al Fondo Solidario de Redistribución para todas las obras sociales y prepagas.
Con esta decisión, el oficialismo busca consolidar la desregulación del sistema de salud y fomentar la competencia entre prestadores. En este sentido, también flexibilizó el mecanismo de actualización de cuotas para que las prepagas puedan modificar sus tarifas de forma independiente según el tipo de plan contratado.
El Ministerio de Salud ratificó su compromiso con la «transparencia y la libertad de elección» en la prestación de servicios de salud. «Trabajaremos para erradicar irregularidades que distorsionaban el mercado y afectaban a los beneficiarios», aseguraron. Mientras tanto, los afiliados tendrán hasta 60 días para decidir si mantienen sus aportes en la prepaga que los atiende o si prefieren volver a una obra social tradicional.
FUENTE: Infobae.